"Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo." Art. 41 de la Constitución Argentina
El 8 y 9 de enero de 2007, cientos de policías y soldados guatemaltecos desalojaron por la fuerza a los habitantes de varias comunidades que vivían en tierras que en su día (en 1965) el gobierno militar de Guatemala concediera a la compañía minera canadiense INCO. Los indígenas locales reclaman que la tierra es suya y están molestos a causa de su explotación por parte de una compañía extranjera.
La compañía canadiense Skye Resources reclama la propiedad de la tierra y pagó a trabajadores por destruir las casas de la gente. Con la fuerza del ejército y la policía, trabajadores de la compañía arremetieron con motosierras y antorchas contra las casas de los habitantes, mientras las mujeres y los niños estaba al lado.
Skye Resources insiste en que mantuvieron "un ambiente pacífico durante esta acción".
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