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Viernes, 17 Marzo 2017 11:40

La Fiscalía investiga la mina de uranio de Salamanca por delito medioambiental

Vista aérea de las obras de la mina de uranio. Vista aérea de las obras de la mina de uranio.

Ha incoado diligencias por la excavación de una balsa de 25.000 m2 junto a suelo protegido bajo el paraguas de obras de exploración que no necesitan permiso. La Guardia Civil y el servicio regional de Medio Ambiente consideran que se han hecho labores "extractivas" que necesitan una autorización previa. La Fiscalía de Medio Ambiente también abre diligencias por la tala de cientos de encinas en un hábitat protegido de la Red Natura 2000.

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Fuente: El Diario

Dos fiscalías distintas investigan la mina de uranio que la empresa Berkeley está abriendo en el oeste de Salamanca por un posible delito medioambiental, según ha sabido eldiario.es. Una por la excavación de una gran balsa y la otra por la tala de centenares de encinas y su impacto en la Red Natura 2000 de protección ambiental.

El Ministerio Público en la provincia ha incoado diligencias por la excavación de una balsa de grandes dimensiones en su proyecto minero que afecta a la Red Natura 2000 de espacios naturales protegidos tras la denuncia de la plataforma opositora Stop Uranio. Las obras, además, están suponiendo la tala de cientos de encinas centenarias.

Video sobre el proyecto uranífero y las encinas arrasadas por una mina de uranio, a vista de dron.

Se trata de establecer si, al amparo de unos trabajos menores para realizar una exploración –llamada calicata– se ha abierto un socavón de 25.000 m2 del que se han extraído ya 36.000 m3 de material para el que no había autorización específica. En el camino, los árboles han sido arrancados.

La empresa australiana trabaja para que su explotación de mineral radioactivo esté "operativa en 18 meses", según informó el director general de Minas de Castilla y León, Ricardo Gómez, a mediados de febrero pasado.

Entre las labores previas, Berkeley ha excavado un agujero de 125 x 200 metros, según una inspección de la Guardia Civil, más otros tres metros de profundidad. 75.000 m3 de agujero en la linde del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Riberas del río Huebra y Yeltes. El proyecto incluye un transporte aéreo de material por encima del curso fluvial. La razón dada para esta excavación fue realizar una cata para inspeccionar el material que se pretendía utilizar en una carretera de acceso a la mina.

Los agentes del Seprona consideraron que la morfología de la abertura en la tierra era la de una balsa o una presa no de una mera calicata. En diciembre de 2016 se habían sacado de allí 36.000 m3 de material. Estas actuaciones supondrían una "actividad industrial extractiva" que sí está permitida, pero requiere una licencia urbanística previa de la Administración. No basta con una mera declaración del promotor antes de ponerse a socavar.

La hipótesis es que unas obras de escasa relevancia con un trámite burocrático casi irrelevante han terminado en un plan para hacerse con material del subsuelo que sí necesita una tramitación más compleja.

De hecho, un informe de la Comisión Territorial de Medio Ambiente del pasado febrero que ha llegado a los fiscales dice que "resulta obvio" que esos trabajos "no se circunscriben a la toma de muestras mediante catas" sino que responden a "los movimientos de tierra necesarios para la obtención de material" necesarios para llevar a cabo el proyecto minero. Es decir, que se ha continuado con el proceso de construcción de la explotación de uranio.

El Código Penal considera un delito "contra los recursos naturales y el medio ambiente" las "extracciones o excavaciones" [entre otras actividades] en el suelo y el subsuelo que contravengan "las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio".

El Ayuntamiento del término municipal afectado, Retortillo, tuvo que abrir un expediente sancionador a la minera el mes pasado por el asunto de las obras. Berkeley ha respondido que el informe de la Guardia Civil tiene "numerosos aspectos que no reflejan la realidad del alcance de las labores realizadas ni de la información que obra en el expediente administrativo".

El convenio a tres bandas

La relación entre la empresa y los gobiernos locales también está en entredicho. Las diferentes fases del proyecto están marcadas por el convenio que firmaron la minera y los pueblos de Villavieja de Yeltes y Retortillo en 2011. Su objeto declarado era "conseguir el buen desarrollo de las actividades propias de la empresa Berkeley como de los municipios de forma que no se produzcan dilaciones administrativas innecesarias".

Además, el documento dice que "aunque la actividad minera va a tener un fuerte impacto dinamizador (…) puede producir algunas incomodidades y molestias" por lo que Berkeley consideró "contribuir con una serie de actuaciones de tipo económico, turístico y social".

En lo económico, sin ir más lejos, además de los impuestos obligatorios, la minera escribió que "desea ofrecer una contribución económica adicional" basada en un canon sobre la producción. En el caso de Villavieja suma unos 200.000 euros y en el de Retortillo más de 800.000. Berkeley ofreció anticipar hasta el 30% del pago en tres tramos: primero en la firma de ese convenio, segundo al recibir la aprobación del Plan de Explotación y otro 10% al iniciar la explotación comercial del uranio.

Nueva denuncia

Al mismo tiempo que los fiscales salmantinos han decidido revisar, parcialmente, lo que Berkeley está haciendo en el Campo Charro, la Fiscalía de Medio Ambiente e Madrid ha abierto diligencias tras la denuncia de la organización WWF por "la tala de más de un millar de encinas centenarias ante la dejadez de las administraciones en un espacio Red Natura 2000".

La ONG argumenta ante los fiscales que los encinares desmochados son hábitat de especies de fauna protegidas legalmente como el águila imperial, la cigüeña negra o el galápago leproso. El arrancamiento de raíz de los árboles se produce en un área "incluida dentro del Plan de Recuperación de la Cigüeña".

Gema Rodríguez, responsable de Red Natura de WWF, explica que piden a la Fiscalía de Medio Ambiente que investigue cuál es el impacto que la tala de los árboles puede estar provocando sobre "los valores naturales de la Red Natura 2000" al mismo tiempo que compruebe "si la empresa está cumpliendo con la obligación legal de llevar a cabo compensaciones por esos posibles daños".

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