Básicamente la ley propone:

1. Un mecanismo de queja donde puede acceder cualquier persona, comunidad, organización o estado que se considere afectado en sus derechos por una empresa transnaciona (ETN) canadiense de minería, gas o petroleo

2. Obliga a las ETNs a cumplir los estandares internacionales de Derechos Humanos

3. la queja debe ser presentada ante el Minsiterio de Comercio o de relaciones exteriores. Ellos deciden si procede una investigacion en base a la documentación que sustenta la queja. Si la ETNs es encontrada responsable de incumplir los estandares internacionales de Derechos Humanos se aplican medidas administrativas internas en Canadá. se publica en la Gaceta canadiense a la Empresa que ha incumplido. Se le retira todo apoyo económico gubernamental, de fondos de pensiones, etc. y se prohíbe que las embajadas canadienses en todo el mundo promuevan a la empresa en cuestión básicamente es eso.

Como ven abre la puertas para la presentación de quejas y la posibilidad de que apliquen medidas que en teoría obligarían a las empresas mineras canadienses a cumplir con los estandares internacionales en Derechos Humanos!

Para mayor información ver los documentos disponibles abajo: http://www.miningwatch.ca/es/acci-n-urgente-apoyar-legislaci-n-para-condicionar-al-apoyo-del-gobierno-canadiense-para-las-empresa

Honorables Parlamentarios

House Of Commons

Ottawa, ON K1A 0A6

Honorable

John McKay MP Scarborough

Parliament Hill

Room 549 D Centre Block

Parlamentario proyectista de la Ley C-300

Los abajo firmantes, miembros y representantes de organizaciones defensoras de Derechos Humanos de América Latina, con mucha esperanza hemos tenido conocimiento de la iniciativa de ley C-300 que busca promover mayor responsabilidad de las empresas mineras canadienses que operan en el exterior, así como una mayor participación del Gobierno de Canadá para exigir a las empresas canadienses de minería, gas y petróleo, que respeten los estándares ambientales internacionales y de Derechos Humanos en todas sus operaciones.

En nuestros países, hemos sido testigos de graves impactos negativos generados por las empresas extractivas, muchas de ellas de origen canadiense. En muchos casos, pese a que estas acciones se convierten en hechos violatorios a los Derechos Humanos, a las legislaciones nacionales y los estándares ambientales internacionales, no es posible promover una mayor responsabilidad de estas empresas, debido en parte a la ausencia de mecanismos efectivos de control y de reclamación, lo que deja a muchas comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, desprotegidas en sus derechos fundamentales.

En este contexto, creemos que con la aprobación de la ley C-300 se creara un valioso instrumento para que los ciudadanos y ciudadanas de muchos países del mundo, podamos exigir a las empresas mineras canadienses el cumplimiento de las normas y estándares internacionales de Derechos Humanos, de manera especial los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, de forma tal que estos sean una realidad concreta y efectiva para todos.

Por otra parte, la implementación de los mecanismos previstos en la Ley C-300 serán una señal positiva para todo el mundo, del compromiso del gobierno de Canadá con el respeto a las convenciones internacionales de Derechos Humanos, con la justicia, con la protección del medio ambiente y en definitiva, con el compromiso por crear un mundo más justo y humano para todas las personas que compartimos esta casa común, que es el planeta tierra.

La urgencia y necesidad de la aprobación de esta ley ha quedado evidenciada en un informe titulado "Corporate Social Responsibility: Movements and Footprints of Canadian Mining and Exploration Firms in the Developing World" realizado por The Canadian Centre for the Study of Resource Conflict en el 2009 y encargado por Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC). Este informe indica que son las empresas extractivas canadienses las que más violaciones de derechos humanos han causado en los llamados países en desarrollo y que, lamentablemente, la región del mundo que ha sido más afectada por tales empresas es nuestra América Latina.

Por consiguiente, brindamos todo nuestro respaldo a la ley C-300 e instamos al parlamento Canadiense a aprobar esta ley, que sin duda alguna vendrá a generar grandes beneficios en todo el mundo.

Respetuosamente:

Pedro Landa, Centro Hondureño para la Promoción y Desarrollo Comunitario, Honduras

Danilo Chammas, Justiḉa nos Trilhos, Brasil

Lupo Canterac Troya, Red Regional, Agua y Desarrollo, Piura –Perú

Claudia Liliana Erazo M, Corporación Jurídica

Yira Castro. Colombia

José Deinis Obregón, Proyecto Regional Pacífico Colombia, Colombia

George Redman, Sub Director para América Latina, Honduras

Jorge Carpio, Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos, Argentina

Manuel Olivares Hernández, Red Guerrense de Organismos Civiles y Derechos Humanos, Guerrero, México.

Angela Castellanos, CAHUCOPANA, Colombia

Mauricio Sanchez, Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó, Colombia

Juan Carlos Quintero, Asociación Campesina del Catatumbo, Colombia

Mario Martínez Mahecha, Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, Colombia

Judith Maldonado Mojica, Colectivo de Abogados

Luis Carlos Pérez, Colombia

Roberto Marani, Comisión Pastoral Paz y Ecología, Guatemala

Roger Agüero Pittman, Asociación Servicios Educativos Rurales, Perú

Cesar Padilla, Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, América Latina

Magalí Rey Rosa, SAVIA - Escuela de Pensamiento Ecologista, Guatemala

Mirtha Esther Vásquez, Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible - Cajamarca, Perú

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz, Perú