La multinacional Río Tinto Alcan, quiere instalar una fundición de aluminio que consumirá 1.100 megavatios de energía, 60% de la demanda total del país (1.900 MW), cuyo costo quiere negociar a su favor. Solo el 20 por ciento de la inversión será para la contratación de empresas locales. Para su instalación requiere de una ley especial que le otorgue garantías para mitigar el riesgo de inversión y del interconectado de las hidroeléctricas. No falta la zanahoria del empleo: hablan de 14 mil puestos de trabajo directos.

En Paraguay, desde una consultora legal de minería e hidrocarburos buscan depurar defectos formales del actual proyecto. Explican que "tampoco podemos las Personas y Empresas involucradas en el sector minero ante nuestro profundo interés en la modificación de la ley, la cual confiamos y coincidimos contribuirá a lograr mayor desarrollo a esta actividad, negar y pasar por alto las irregularidades establecidas en el proyecto actual".