En tanto, la Asamblea Nacional pretende acelerar las discusiones en torno al proyecto de ley 277, para modificar el Código de Recursos Minerales.

Bernardo Jiménez, de la Comisión de Derecho del Congreso Ngöbe-Buglé, informó que al margen de la decisión del gobierno, realizarán una marcha pacífica el próximo lunes en el cruce de San Félix, provincia de Chiquirí.

Los indígenas recalcaron que se tratará de una marcha pacífica, sin embargo, Jiménez advirtió que están prestos a "derramar su sangre para defender la comarca" de la actividad minera.

A la marcha se sumarán representantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (Suntracs), docentes, ambientalistas y sindicatos que rechazan la propuesta del Ejecutivo que se discute en la Asamblea Nacional en primer debate.

Las organizaciones lamentaron el silencio de la Autoridad Nacional de Ambiente (ANAM), a pesar de la discusión del proyecto de ley en la Asamblea Nacional.

Azael Barrera, catedrático universitario y ex director de Desarrollo y Tecnología de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, advirtió que los beneficios económicos que producirá la extracción no se comparan con el enorme daño ecológico que produce la minería a cielo abierto.

Por otro lado, los ecologistas manifiestan no estar en contra de la minería, pero consideran que lo más apropiado es declarar una moratoria, abrir un proceso de discusión, e ilustrar a la población con el fin de resolver el tema en un referéndum nacional.

El ministro de Comercio, Roberto Henríquez, argumentó que las concesiones a las mineras fueron otorgadas por administraciones anteriores.

Según Henríquez, la mayoría de las empresas mineras ya han hecho sus estudios y están próximas a la explotación, por lo tanto el Estado panameño no puede suspenderlas.