Fuente: La Jornada
05/06/2010. Difícil celebrar este 5 de junio cuando en los recientes meses y semanas se han suscitado situaciones que nunca nos hubiéramos imaginado en México, como es el caso del asesinato de defensores ambientales en distintas partes del país, así como el de dos inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), uno de la Comisión Nacional Forestal y un guía en el estado de México, señala Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

El 20 de mayo Juan García Xingu, Bernardo Sánchez Venegas, y Valentín Reyes García, acompañados de Isidro Luna Alonso, poblador de Temascaltepec, ingresaron a la comunidad de Albarrán, para investigar posibles daños a los recursos naturales por el vertimiento de químicos, así como por el cambio de uso de suelo, presuntamente a cargo de la compañía canadiense Genco Resources, titular de los derechos de exploración de la mina denominada La Guitarra. Un día después fueron hallados muertos.

Alanís agrega, en entrevista, que sigue sin respetarse el marco legal existente, se violan sistemáticamente instrumentos básicos de política ambiental tales como el ordenamiento ecológico del territorio (OET) y la evaluación del impacto ambiental (EIA).

Se generan más daños, afectaciones y desequilibrios ecológicos. Además la Profepa, autoridad encargada en México de hacer cumplir la ley ambiental, está atada por los diversos intereses del gobierno y por los económicos que no le permiten hacer su trabajo como debería. ¿Dónde esta la legalidad por la que tanto se ha pronunciado el presidente Calderón?

Por su parte, Beatriz Bugeda, abogada y presidenta del Observatorio Ciudadano de vigilancia ambiental, considera que estos hechos desafortunadamente son parte de la historia ambiental del país, estamos frente a lo de siempre: impunidad e ineficacia de la legislación. Indica que existe un marco legal bastante decoroso, en cuanto a contenido, pero no de la eficiencia.

Detalla que el gobierno mexicano ha suscrito todos los acuerdos ambientales internacionales importantes y hay una legislación desarrollada en los pasados 20 años. Sin embargo, nos topamos siempre con el problema de hacerla cumplir. Hay impunidad, hay dificultad para hacer valer la legislación ambiental.

Como ejemplo se refiere al caso de Minera San Xavier, que opera en Cerro San Pedro, San Luis Potosí, donde los intereses económicos y políticos prevalecen sobre los intereses colectivos y sociales. Para quienes defendemos legalmente el medio ambiente es un reto muy grande, hay herramientas legales a nuestro alcance, pero a pesar de ganar fallos, en la práctica las cosas no cambian.

Empresa ignora fallo

De acuerdo con el Cemda en lo que va de este gobierno han asesinado a varios activistas que combaten contra mineras, como Dante Valdez, en 2008 en Chihuahua; Mariano Abarca, en 2009 en Chiapas; Francisco Quiñónez, en 2006 en Jalisco. También quienes se han opuesto a rellenos sanitarios como Cristóbal Martínez Robles, torturado y secuestrado en 2009 en Morelos; el abogado Fernando Mayén, quien llevaba el caso del relleno de Jilotzingo, estado de México, asesinado en 2008.

Además del caso de la Minera San Xavier, a la cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales le canceló el permiso ambiental en noviembre del año pasado y continúa en operación, están, entre otros, los casos de la construcción del relleno sanitario en Loma de Mejía, zona de recarga de acuíferos, en Morelos, y que se construyó a pesar de argumentaciones científicas en contra, así como la construcción de conjuntos habitacionales en esta entidad, en zonas con escasez de agua.