Fuente: diario El Heraldo
Tegucigalpa - 20/04/2010. En el gobierno de Manuel Zelaya, seis mineras defraudaron al fisco al no pagar impuestos por la importación de diferentes productos valorados en 32,325,000 dólares, es decir, unos 614 millones de lempiras, al ampararse en un artículo de la Ley General de Minería para quedar libre del importe, que había sido declarado inconstitucional.

Esta fue la conclusión de una resolución de la Procuraduría General de las República (PGR) que, además, pidió que se anularan las exoneraciones.

Las compañías que, con facilidades del gobierno, evadieron la cancelación del arancel son Entremares, Agregados del Caribe, Minerales de Occidente, Eurocanteras, American Pacific y Cerros del Sur.

Las empresas de extracción metálica invocaron, entre 2006 y 2007, el artículo 74 de la Ley de Minería para que la Secretaría de Finanzas les extendiera dispensas a fin de no cancelar el tributo.
Ese articulado establecía que todo equipo utilizado para el desarrollo eficiente de las operaciones mineras podría ingresar al país sin el pago de impuestos y otros derechos aduaneros durante la vigencia de la concesión.

No obstante, el 4 de octubre de 2006, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional 13 artículos de esa ley, incluyendo el 74, que permitía la emisión de la dispensa.

El recurso de inconstitucionalidad fue interpuesto por la ex fiscal del Ambiente, Clarisa Vega de Ferrera. El fallo fue publicado en el diario oficial La Gaceta el 24 de noviembre de 2006.
Así se cometió el fraude

Sin embargo concedieron una la dispensa, al amparo de la Ley de Minería. Dictámenes de Defomin fueron firmados por el director de esa entidad de Recursos Naturales, Roberto Elvir Zelaya. Finalmente, las dispensas fueron firmadas por el ex secretario general de Finanzas, Allan Ricardo Pineda.

Las acciones de Defomin y Finanzas permitieron el trámite de 84 dispensas a favor de las seis mineras durante un año porque aseguran que ignoraban el fallo de la Corte.

En todas las dispensas hay un renglón que reza: "conforme al análisis elaborado por el analista que corresponde al código 63, registre póliza libre de importación y derechos aduaneros de lo siguiente...".

"Ignorancia"

Es hasta noviembre de 2007 que Defomin y Finanzas aseguran que se dieron cuenta de que la resolución de la Corte había sido publicada y dejaron de dar los privilegios.
Pero el daño contra las finanzas estatales estaba hecho.

La Secretaría de Finanzas no tiene un cálculo de cuánto dejaron de cancelar las mineras porque solo se dieron las exenciones.

No obstante, una fuente de Finanzas dijo que el promedio de gravamen es de entre un 8 y un 10 por ciento por importaciones en materia minera.

Al aplicar este porcentaje a los 32.3 millones de dólares (614 millones de lempiras) en exportaciones hechas por las compañías mineras, se obtiene un resultado de más de 61 millones de lempiras, que sería el valor de la evasión.

Danza de millones

Entremares importó 11.5 millones de dólares, Agregados del Caribe 9.7 millones y Minerales de Occidente 1 millón. Otras como Eurocanteras, American Pacific y Cerros de Sur importaron, entre todas, apenas casi 100 mil dólares.

Entre las cosas que importaron hay máquinas trituradoras, respuestos para máquina de perforación, partes de una reactivadora de carbón, respuestos de motores hidráulicos y tubería de polietileno.

Una de las compras más onerosas fue hecha por Entremares, que importó de una sola vez dos mil toneladas de cianuro de sodio para extracción de oro de la mina, valorado en 1.2 millones de dólares, unos 20 millones de lempiras.

Daño patrimonial

Por su lado, el ministro de Recursos Naturales, Rigoberto Cuéllar, dijo que es "procedente los reparos respectivos", aunque no precisó la cuantía del monto que se tiene que recuperar.

"Hay que hacer un análisis respectivo de los expedientes, pero de que hubo un daño patrimonial al Estado lo hubo y de hecho así lo declara la Procuraduría", señaló.

Ante esa ilegalidad, "está claro que hay responsabilidad administrativa" que deducir, acotó Cuéllar.

Las mineras que tramitaron las dispensas antes de que se declararan ilegales tampoco pueden alegar que tenían el derecho a las mismas porque desde el momento que se emite el fallo contra ese beneficio "son inexistentes", aclaró el ministro.

Confirman evasión de mineras
La compañías que evadieron la cancelación de impuestos son Entremares, Agregados del Caribe, Minerales de Occcidente, Eurocanteras, American Pacific y Cerros del Sur.

20.04.10
El gobierno tendrá que conducir un proceso judicial en contra de las compañías mineras que han evadido el pago de impuestos a las arcas del Estado.

La operación iría encaminada a recuperar los fondos que ha dejado de percibir el gobierno por la defraudación de seis empresas mineras que se valieron de la aplicación de algunos artículos de la Ley General de Minería, declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2006, para la importación de diferentes productos valorados en 614 millones de lempiras a través de dispensas que fueron otorgadas de manera irregular.

Así lo estableció ayer el propio titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Rigoberto Cuéllar, quien reveló que ya existen informes que están siendo analizados para proceder en contra de las mineras que han evadido el pago de impuestos al país.

"La Procuraduría tiene que realizar, desde luego, esfuerzos para recuperar esos montos perdidos y entablar las acciones judiciales que correspondan y, de ser necesario, de nosotros mirar del análisis de los expedientes que existe una responsabilidad penal habrá que deducir las responsabilidades que correspondan", manifestó el ministro de la Serna.

EL HERALDO evidenció ayer, a través de varios documentos, cómo varias empresas mineras evadieron el pago de impuestos en la importación de productos vinculados a dicha industria durante la administración anterior.

Cuéllar advirtió que es la Dirección de Fomento de la Minería (Defomin) el órgano encargado de definir las políticas mineras en el país, aunque se trata de una unidad adscrita a la Serna.
Según la documentación, tanto Defomin como la Secretaría de Finanzas emitieron en aquel entonces dictámenes favorables para que las seis empresas mineras pudieran ingresar productos sin pagar impuestos al Estado, pese a la resolución de la CSJ en la que se anulan dichos privilegios.

"Este fue uno de los problemas que se han dado al no contar con un marco regulatorio adecuado para esta actividad productiva, se aplicaron disposiciones que habían sido declaradas como inconstitucionales por el poder judicial", subrayó el funcionario.

Reparos

Cuéllar explicó que ya hay informes oficiales en poder de la Procuraduría General de la República (PGR) y del mismo Tribunal Superior de Cuentas (TSC), dos instancias que aseguró ya han emitido los primeros reparos.

"Ya se tienen informes oficiales por parte de la Procuraduría General de la República, así como por el Tribunal Superior de Cuentas y los reparos han sido decretados por estas instancias".
La compañías que evadieron la cancelación de impuestos son Entremares, Agregados del Caribe, Minerales de Occcidente, Eurocanteras, American Pacific y Cerros del Sur.

Las autoridades de la PGR han advertido de una millonaria defraudación y han sugerido a las autoridades de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) recuperar los fondos a través de cobros inmediatos a las compañías mineras que dejaron de pagar impuestos al Estado.

DEI investigará importaciones de mineras

El director de Rentas Internas de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), Javier Hernández, informó que comenzarán a investigar las denuncias en contra de las mineras publicadas ayer por diario EL HERALDO.

En conferencia de prensa, el funcionario expresó que desde hace unos días se iniciaron pesquizas para constatar el uso adecuado que hacen las empresas de las exoneraciones fiscales establecidas en el marco de los regímenes especiales.

"Existen evidencias de que algunas de estas empresas efectuán importaciones adicionales a las cantidades de productos establecidos en las cuotas estipuladas en la ley", indicó.

La DEI, continuó, iniciará un proceso de investigación para constatar si las importaciones efectuadas por las mineras fueron desarrolladas de acuerdo a la normativa vigente.

"Debe existir una investigación para constatar la veracidad de la información publicada y cuál fue el impacto que esta situación tendrá en el tema de rentas internas y el de aduanas", expresó el nuevo funcionario.