Fuente: diario Prensa Libre
23/06/2010. En corrillos gubernamentales se comentó que por la situación derivada por la mina Marlin, el presidente Álvaro Colom le solicitó la renuncia a Carlos Meany, ministro de Energía y Minas, con el argumento de que no logró manejar el asunto de manera adecuada. Sin embargo, oficialmente, el mandatario señaló que Meany renunció por problemas de salud.

Dicha mina se encuentra operando en los municipios de Sicapacapa y San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, y en diversas instancias se denunció sobre la contaminación que provoca, lo cual afecta a los pobladores de los municipios mencionados y el medio ambiente.

El Ejecutivo señaló a través de un comunicado, que "suspenderá las actividades mineras aludidas, y atenderá la solicitud de la CIDH para dar cumplimiento a sus compromisos internacionales en el campo de los Derechos Humanos".

También agrega, que de acuerdo como el ordenamiento interno lo permita, se iniciará el proceso administrativo, con el fin de que la medida cautelar cobre vigencia, es decir se suspendan las actividades de explotación y exploración.

En respuesta a otras de las recomendaciones señaladas por el CIDH, el Ejecutivo informó que los análisis realizados por el Ministerio de Salud, de Ambiente y de Energía no evidencian contaminación en el agua que consumen las comunidades cercanas a la mina. Además, no se detectó ninguna enfermedad vinculada con la presunta contaminación producida la Mina Marlin.

Comunicado de prensa del gobierno de Guatemala

Guatemala , 23 de Junio de 2010
Gobierno de Guatemala suspende activdades mineras en San Marcos

POSICIÓN DEL GOBIERNO DE GUATEMALA RESPECTO DE LA SOLICITUD
DE MEDIDAS CAUTELARES REALIZADA POR
LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE LA OEA

El Gobierno de la República de Guatemala ha recibido y estudiado detenidamente la solicitud de medidas cautelares realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), respecto a las actividades relacionadas con la concesión otorgada a la empresa Gold Corp/Montana Exploradora de Guatemala, S.A, en los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, departamento de San Marcos.

En ese sentido, ratifica su firme compromiso de velar la salud de la población guatemalteca y proteger el medio ambiente, reduciendo los niveles de contaminación, así como su decisión de promover inversiones social y ambientalmente responsables.

En ese marco, el Gobierno, en su respuesta a la solicitud de la CIDH, informó que en relación con la medida cautelar de suspender las actividades mineras aludidas, "el Estado de Guatemala comunica su decisión de atenderla, para dar cumplimiento a sus compromisos internacionales en el campo de los
derechos humanos".

Para el efecto, señala la nota, de conformidad con las posibilidades de su propio ordenamiento interno, iniciará el proceso administrativo correspondiente, con el fin de que la medida cautelar pueda cobrar
legalmente vigencia.

Respecto de la segunda recomendación, el Gobierno informó que de acuerdo con los estudios realizados por el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y Ministerio de Energía y Minas no demuestran que exista contaminación en las aguas de las comunidades, por lo que son
aptas para el consumo humano.

Igualmente, acerca de la tercera recomendación, señaló que en la evaluación realizada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social no se detectó ninguna enfermedad vinculada con la presunta contaminación producida por la Mina Marlin.

Al pronunciarse sobre la cuarta recomendación, el Gobierno explicó que a través del Ministerio de Gobernación, mantiene los esfuerzos para preservar la integridad física y la vida de los miembros de las comunidades mencionadas y toma las medidas necesarias para garantizar los derechos de los ciudadanos. A fin de responder con mayor propiedad, se solicitó señalar específicamente a las personas que estarían sufriendo algún tipo de persecución, a fin de poder determinar qué medidas de apoyo brindar.

Y, finalmente, sobre la quinta recomendación, las autoridades detallaron que la planificación e implementación de medidas de protección, si fueren necesarias, tendrán la participación de todos.

El Gobierno de la República brindará toda su colaboración a la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que visitará Guatemala en el mes de julio, a fin de que contribuya a una evaluación objetiva respecto del impacto de la operación de la Mina Marlin.

Guatemala, 23 de junio de 2010