El Ministerio de Energía y Minas dio marcha atrás a la eventual explotación de hierro en las costas del Pacífico, ya que ayer canceló tres licencias de exploración vigentes, mientras la empresa Tikal Minerals anunció que apelará esa decisión.

Sin embargo, Pokus dijo que esa firma incumplió algunos requisitos, por lo que su cartera, en consulta con el presidente Álvaro Colom, procedió a declarar la caducidad de las tres licencias.

Pokus detalló que la compañía no presentó los planes de trabajo para la fase de exploración en los 90 días siguientes de que el Ministerio se los solicitó.
Aseveró que antes de tomar esa decisión se hizo un estudio con el asesor legal del Ministerio y de la Procuraduría General de la Nación, para declarar la caducidad de los permisos a partir del 15 de junio último.

Irresponsabilidad

Enrique Toledo Fernández, representante legal de Tikal Minerals, dijo que es una irresponsabilidad del ministro de Energía y Minas declarar la cancelación de las licencias antes de que esté firme la resolución.
Recordó que el miércoles recién pasado le fue notificada la resolución y se le dio un plazo —que vence hoy a las 16 horas— para que presente un recurso de reposición.

"La resolución es ilegal; aduce que no se efectuaron actividades mineras de campo, pero no toma en cuenta que sí desarrollamos actividades dentro del plan de trabajo", explicó.

"Lo que no se llevó a cabo fueron actividades de exploración propiamente dichas, porque la misma licencia prohíbe efectuarlas sin el estudio de impacto ambiental aprobado, y nosotros estamos a la espera de esa aprobación", indicó.

De acuerdo con Toledo, además de cumplir con la ley, Tikal Minerals respeta la legislación ambiental, porque busca extraer hierro en terrenos privados, lejos de las playas.

Vulnerabilidad

Carlos Salvatierra, coordinador de la Red Manglar Internacional, indicó que la resolución es positiva y es un precedente para otro tipo de actividades que se quiera emprender en la costa del Pacífico, la cual considera muy vulnerable.

El activista demandó un enfoque integral en la evaluación de los proyectos, porque afirmó que la amenaza a la vida costera se debe a la minería y el petróleo, entre otras actividades.