Por Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica

20/02/2010. En su novela El País de la Canela, el escritor colombiano William Ospina relata la insólita travesía -y su previsible fracaso- de una expedición comandada por el conquistador Gonzalo Pizarro, en 1541, y que movilizó a cientos de españoles, miles de indígenas, bestias de carga y mastines desde las alturas de Quito hasta la selva amazónica, en busca de un imaginado país donde abundaban los árboles de la preciada especia.

Tal territorio, sin embargo, no existía más que en los rumores y la voracidad mercantilista de los hombres europeos de la época. "Esa expedición -dice el narrador de la novela- solo a medias era la
búsqueda de un tesoro. Era sobre todo la prueba de la credulidad desmedida, una sonámbula procesión de creyentes yendo a buscar un bosque mágico, un ritual corroído por la codicia, espoleado por la impaciencia". Enardecido por la constatación de lo absurdo de su búsqueda, Pizarro ordena el exterminio de los 4000 indígenas para aplacar su furia: "empezó a matar a los indios para alimentar a los perros" [1] y a otros los quemó vivos.

Como en la obra de Ospina, hoy Centroamérica aparece surcada por nuevas expediciones: numerosos proyectos transnacionales de explotación minera a cielo abierto que pretenden encontrar aquí su propio tesoro: su país del oro, la plata o el hierro.

Desde el año 2000, con el aumento del precio del oro en el mercado internacional, y especialmente con el favor cómplice de gobiernos y partidos políticos, e incluso con la complacencia de los tribunales de justicia -en no pocos casos-, varias empresas extranjeras, sobre todo de capital canadiense, italiano y británico, se han instalado en la región. Solo en Guatemala, según informa la agencia de noticias IPS, permanecían vigentes, en el 2009, "259 licencias de explotación, de las cuales más de la mitad (141) correspondían a minerales metálicos, mientras que otras 383 licencias, entre recursos metálicos y no metálicos, estaban en trámite".[2]

Se trata, además, de un escandaloso sistema de despojo: a manera de ejemplo, se conoce que en Guatemala "Goldcorp reportó en 2008 unos 258 millones de dólares en ingresos y 100 millones de dólares en utilidades, solo por la mina Marlin, San Miguel Ixtahuacán, [pero] el municipio donde está ubicado el yacimiento, recibió en el mismo año alrededor de un millón de dólares".[3]

En el contexto del "área de libre comercio" que une América del Norte con Centroamérica desde el año 2005, las empresas mineras se amparan, también, a las cláusulas de inversión de los TLC, que permiten elevar demandas contra los Estados que perjudiquen sus expectativas de negocios, aunque existan razones de conveniencias política y ambiental para detener las explotaciones. Así, establecen formas de control y dominación político-económica similares a las que, a principios del siglo XX, inauguró la explotación bananera en el Atlántico centroamericano.

El costo ambiental de este desarrollo es muy alto: deterioro de mantos acuíferos, contaminación de ríos, destrucción de bosques (como ocurre en Honduras[4]) y corredores biológicos (como se ha denunciado en Costa Rica, con el proyecto minero Las Crucitas, en el norte del país[5]), y la afectación de los ecosistemas colindantes a las excavaciones. Y en lo social, el impacto de estas inversiones ya se ha cobrado varias vidas humanas producto de los conflictos entre inversionistas y comunidades, especialmente las campesinas e indígenas (tres activistas contra la minería fueron asesinados en El Salvador entre junio y diciembre del 2009[6], y en Guatemala, importantes movilizaciones de resistencia indígena han tenido lugar en el departamento de San Marcos, fronterizo con México[7]).

En los estertores del modelo de acumulación del capitalismo contemporáneo -que no otra cosa reflejan las crisis de toda índole que azotan hoy a la humanidad-, nuestra región vuelve a ser incorporada a los círculos de producción recurriendo a las formas más primitivas de explotación capitalista: la de la naturaleza y la de la mano de obra.

Se trata de una apuesta irracional -en tanto que es pensada solo desde la lógica del cálculo de utilidad- por un modelo de desarrollo que, al decir de Raff Carmen, "ha significado un abismal bandazo hacia el maldesarrollo universal, y la principal culpable es la práctica, profundamente carente de ética y no integrada, de la economía de rapiña, de exacción y de expoliación"[8].

En su carrera hacia el (mal)desarrollo, siempre hacia "adelante", las élites centroamericanas dilapidan, a pasos agigantados, la inmensa riqueza de nuestra biodiversidad y, al mismo tiempo, aceleran el colapso ambiental y social de la región. Ese es su ritual de la codicia, espoleado por la impaciencia, que siempre reclama nuevas víctimas: la naturaleza, primero, y luego el ser humano.

NOTAS
[1] Ospina, William (2008). El País de la Canela. Bogotá: Grupo Editorial Norma. Pág. 97 y 133.
[2] Valladares, Danilo. "Guatemala: Lupa sobre compañías canadienses". Agencia IPS, disponible en: http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=94663
[3] Ídem.
[4] Trucchi, Giorgio. "Denuncian contaminación y acoso de transnacional minera italiana". Agencia Latinoamericana de Información. 5 de febrero de 2010. Disponible en: http://alainet.org/active/35997&lang=es
[5] Véase el informe elaborado por expertos de la Universidad de Costa Rica: "Minería química a cielo abierto. El caso de Las Crucitas". Mayo de 2009. Disponible en: http://cu.ucr.ac.cr/documen/InformeFinaldeCrucitas.pdf
[6] Ayala, Edgardo. "Activista asesinados". Agencia Latinoamericana de Información. 4 de febrero de 2010. Disponible en: http://alainet.org/active/35969&lang=es
[7] CIDSE- Alianza de organizaciones católicas para el desarrollo (2009). América Latina: riqueza privada, pobreza pública. ALAI: Quito. Pp. 19-33.
[8] Carmen, Raff (2004). Desarrollo autónomo. Humanizar el paisaje: una incursión en el pensamiento y la práctica radicales. Heredia, Costa Rica: EUNA. Pág. 33.