Por Mesa Nacional frente a la Minería Metálica
11/11/2009. Además de engañar con este inefectivo método de descontaminación, la minera canadiense ocultaba el grave peligro que representan depósitos de colas en un país, como El Salvador, con altos niveles de sismicidad y susceptible de frecuentes tormentas que provocan inundaciones, desbordamientos y derrumbes.

Al preguntarle ¿qué pasaría si con los constantes sismos la membrana impermeable de los depósitos de colas se rompe y si los frecuentes huracanes derriban sus diques?, la compañía extractiva callaba.

Ante eso, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica demostró las catástrofes ecológicas y sociales provocadas por accidentes mineros en diversos países del mundo, en el artículo "Minería: una industria accidentada", publicado en Diario Co Latino, el 15 de octubre de 2008.

Ahí se destacaron las explosiones, derrumbes y deslizamientos en instalaciones mineras de China, México, Bosnia y Ucrania; y fugas de cianuro por el rompimiento de membranas, quiebre de diques y desbordamiento de lagunas de desechos causados por lluvia de huracanes en Estados Unidos, Sudáfrica y Perú.

Las fatales consecuencias de la Tormenta Ida, que destrozó al país, el fin de semana recién pasado, habrían sido peores si el gobierno hubiera permitido los proyectos de Pacific Rim: el agua cianurada de los desbordados depósitos de colas habría envenenado ríos, suelos agrícolas y comunidades enteras.

Aún más grave hubiera sido con la aprobación de los 29 proyectos mineros ubicados a lo largo de la zona norte, sobre las cuencas de los ríos Paz, Sumpul, Lempa, Torola y Goascorán
Sin embargo, la ausencia de una normativa que prohíba definitivamente la explotación minera, mantiene latente esta amenaza para el país.

Por tanto, la implementación inmediata de una política integral de prevención de desastres socioambientales, demandada por la Mesa Permanente de Gestión de Riesgos (MPGR) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), debe incluir una nueva Ley de Minería que regule la minería no metálica y prohíba la minería de metales.

Si dicha legislación no se aprueba, empresas mineras podrían obligar al Estado, mediante demandas en tribunales internacionales, a otorgarles permisos de explotación, como pretende Commerce Group, compañía estadounidense que, además de exigir el pago de 100 millones de dólares, demanda una licencia de extracción de metales en La Unión.

*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.