El Gobierno costarricense anunció que no anulará la concesión otorgada a la empresa canadiense Infinito Gold para un proyecto de minería de oro a cielo abierto que ha generado gran polémica en el país. La presidenta Laura Chinchilla dijo que espera el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo, donde se realiza un juicio sobre el caso por precaución de grave daño ecológico a la zona.

Fuente: EFE

27/07/2010. La presidenta Laura Chinchilla indicó en una rueda de prensa que eliminar el permiso de operación de la mina "Las Crucitas", en la zona norte del país, implicaría al Estado el pago de una millonaria indemnización a Industrias Infinito, subsidiaria en Costa Rica de la canadiense Vanessa Ventures.

Chinchilla dijo que el Ejecutivo espera el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo, donde se realiza un juicio sobre el caso, pues grupos ambientalistas sostienen que la mina causará un grave daño ecológico a la zona.

La mina inició trámites desde 1993 y recibió todos los permisos exigidos por la ley costarricense.

Incluso el ex presidente Óscar Arias (2006-2010) declaró el proyecto de "conveniencia nacional", lo que permitió una tala masiva de árboles protegidos que derivó en denuncias judiciales aún pendientes por parte de grupos ambientalistas.

No obstante, en abril pasado la Sala Constitucional declaró que la mina ha cumplido con todos los requisitos para operar, aunque el Gobierno tiene la potestad para anular la concesión, asumiendo las responsabilidades del caso.

Chinchilla reiteró que su Gobierno se opone a la minería metálica a cielo abierto, y que por eso, uno de sus primeros decretos fue para prohibir este tipo de proyectos para el futuro.

Además, el Ejecutivo remitirá al Congreso un proyecto para modificar el Código de Minería en el que quedarán prohibidos tanto la minería metálica como la extracción de petróleo, añadió.

La mandataria subrayó que en el caso de "Las Crucitas" se conformará una comisión para fiscalizar la operación minera, si esta recibe luz verde en el Tribunal Contencioso Administrativo.

Hace pocos días un grupo de activistas caminó casi 200 kilómetros desde San José hasta la sede de la mina para solicitarle a Chinchilla que anulara los permisos para su operación, por lo que grupos ambientalistas manifestaron hoy sentirse decepcionados con la decisión de la gobernante.