"Minera Alumbrera aporta recursos económicos y no viola ninguna ley sobre el cuidado del medio ambiente". Los directores del YMAD por la Universidad Nacional de Tucumán, junto a sus técnicos, brindaron ayer en el Consejo Superior una férrea defensa a la archidenunciada empresa minera. Por las dudas, se cuidaron en afirmar que cualquier revés judicial que pueda sufrir la minera no rozará a la Universidad. Evitan debatir el informe ambiental del canal DP2 y lo patean a una comisión. Fuerte malestar de las organizaciones sociales que coparon el recinto de sesiones universitario.

Fuente: diario digital PrimeraFuente

La serie de escuetas exposiciones tenían dos objetivos claros: negar contaminación alguna -en niveles ilegales- por parte de Minera Alumbrera en el canal DP2 y desvincular a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) ante cualquier revés judicial que la multinacional pueda sufrir.

El principal argumento de los técnicos que los directores del Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) Rodolfo Campero y Mario Marigliano llevaron ayer a la sesión del Consejo Superior, ya era harto conocido: los efluentes que la minera arroja a la cuenca Salí-Dulce se ajustan a normativas provinciales, por ende, no hay delito. Sobre esta idea se basaron Yolanda Vaca (asesora legal), el geólogo Alfredo Tineo y el gerente ambiental de YMAD, Hugo Magnago.

Justamente, sobre el respeto a los parámetros de contaminación fijados por el Siprosa se basó la exposición de los directores del YMAD por la UNT ante el Consejo Superior para defender una serie de estudios realizados desde el año pasado hasta mediados de este año en cuanto a la situación ambiental del canal DP2, en la localidad de Ranchillos (Cruz Alta). Allí, Minera Alumbrera arroja sus efluentes industriales emanados de la planta de secado del concretado proveniente del mineraloducto que se extiende desde Catamarca. (Foto: durante la exposición de los directivos de Minera La Alumbrera vemos a  Julián Rooney -indicado con un círculo rojo- al lado del rector de la UNT, Juan Cerisola -en el centro-)

La expectativa por las exposiciones en defensa del informe prominero fue enorme y generó un escenario atípico para una sesión del órgano deliberativo universitario. Desde temprano el patio del Rectorado se cubrió de banderas con consignas ambientalistas en repudio al vínculo existente entre la denunciada empresa minera y la UNT.

El contraste entre estas manifestaciones sociales y lo expresado por los ex rectores de la UNT en el recinto alimentó la fuerte expectativa que despertó el encuentro. Es que tanto Marigliano como Campero (junto a los técnicos que expusieron) salieron a capa y espada a defender a la explotación minera en todos sus aspectos -resaltaron desde supuestos beneficios económicos hasta el máximo respeto por las leyes ambientales por parte del proyecto- que en el aire del Rectorado muchos terminaron atragantados de bronca.

Malestar fuertemente condimentado con el papel casi intrascendente de la mayoría de los consejeros superiores que jamás atinaron a objetar palabra alguna de los expositores. Una fuerte pestilencia de ignorancia y complicidad invadió el recinto para incrementar el fastidio de las organizaciones sociales que esperaban, al menos, un tibio debate.

Cuando muchos creían que tras la exposición de los profesionales del YMAD comenzaría el esperado debate, se optó por un camino mucho más fácil: derivar directamente el informe a una comisión especial de profesionales universitarios creada para analizar los estudios técnicos sobre el impacto ambiental en el DP2.

Varios respiraron aliviados por el abrupto escape. La presencia de referentes ambientalistas de peso, de profesionales críticos de la megaminería y del fiscal general federal Gustavo Gómez -impulsor del procesamiento contra el directivo de Minera Alumbrera, Julián Rooney- entre otros, fue demasiada presión para que algún consejero se anime a respaldar semejante exhibición prominera.

La UNT podría ser condenada por daño ambiental en el canal DP2

Mientras en el seno del Consejo Superior se negó que Minera Alumbrera contamine el canal DP2 en base a normativas del Siprosa, un fiscal federal salió al cruce de dicho informe. El funcionario judicial advirtió sobre la vigencia de la ley federal sobre residuos peligrosos y, de paso, les mandó una advertencia a los consejeros superiores: "parece que no saben que la Cámara Federal procesó a Rooney en base a normas federales y no en una resolución del Siprosa".

El mensaje parece apuntar a la frente de los directores de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) y a los hasta ahora despreocupados integrantes del Consejo Superior: la Universidad también podría ser condenada en la causa por la aparente violación de las leyes penales ambientales en la causa vinculada al canal DP2.

Así lo estimó el propio fiscal general federal, Antonio Gustavo Gómez, quien ayer estuvo presente en la sesión del Consejo Superior de la UNT donde se defendió un informe que niega que Minera Alumbrera arroje al canal DP2 -afluente de la cuenca Salí-Dulce- desechos con niveles ilegales de contaminación.

En diálogo con primerafuente, el funcionario judicial salió al cruce de los argumentos esgrimidos por los técnicos y directores del YMAD por la UNT, Rodolfo Campero y Mario Marigliano, quienes descartaron contaminación alguna y desvincularon a la universidad ante cualquier revés judicial que la multinacional minera pudiera sufrir.

"La UNT también podría ser considerada responsable en caso que (Julián) Rooney sea condenado por la Justicia por daño ambiental. Están negando con excusas la aplicación de una ley penal", advirtió Gómez.

En contraposición con la presentación prominera, el fiscal remarcó que el delito ambiental por parte de Minera Alumbrera en el canal DP2 (ubicado en Ranchillos, Cruz Alta) "está claramente probado".

"Los mismos informes de impacto ambiental de Minera Alumbrera establecen índices de contaminación por encima de lo fijado por la ley. Esto lo sostiene la propia Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán que justamente a partir de esto propició el procesamiento de directivo de esa empresa, Julián Rooney", advirtió.

Por este motivo, Gómez instó a los consejeros superiores a que comparen los índices de contaminación asentados en el expediente Nº 810 que fue presentado ayer en sesión con la ley 24.051, sobre residuos peligrosos y no con resoluciones provinciales que sustentaron la exposición de los directores del YMAD.

Así el fiscal tiró abajo el argumento oficial esgrimido por Campero y Marigliano (y sus técnicos) al sostener que el informe que presentaron ayer se basó en una resolución provincial del Siprosa que "permite que la minera contamine" debido a que los parámetros de tolerancia son mucho más flexibles que la norma federal.

"Es como si en Tucumán se aprobara una ley que permita la venta de cocaína por considerarnos autónomos de la Nación. La 24.051 es una ley federal aplicable a todo el país sin excepciones. Sin embargo, parece que el Consejo Superior no sabe que la Cámara Federal procesó a Rooney en base a normas federales y no en una resolución del Siprosa", advirtió.