Lunes 26 de Diciembre de 2011 - Lecturas. El gobernador Carlos Soria presentó este lunes 6 iniciativas de ley entre las que impulsa la creación  del Consejo de Evaluación Ambiental Minera y la derogación de la ley que prohíbe el cianuro en la minería. Asegura que la minería tracciona un crecimiento "fuerte y dinamizador" y lo hace "a lo largo y ancho de nuestra querida Nación".

Entre ellos se encuentra el que propone crear un Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera que propone derogar la ley (Q3981) "por ser discriminatoria al prohibir el uso de insumos que están permitidos en otras actividades y por dar erróneamente por confirmado que el uso de determinados procesos mineralúrgicos son contaminantes, cuando están disponibles y son fácilmente accesibles y eficaces teconologías internacionalmente certificadas".

"Debemos posibilitar que nuestros recursos naturales se conviertan en riqueza y acompañar así el fuerte y dinamizador crecimiento que la minería tracciona a lo largo y ancho de nuestra querida Nación" asegura y argumenta que es pertinente el desarrollo de esa actividad altamente contaminante para buscar "alternativas que coadyuven a superar la actual crisis con sentido de desarrollo", en el marco de la crisis que generó la erupción del volcán Puyehue.

La ley  3.981 prohíbe la utilización de cianuro y/o mercurio en el proceso de extracción, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos, en el marco de la ley nacional 25.675, tratados y convenciones internacionales y demás leyes nacionales y provinciales vigentes en materia ambiental en todo el territorio de Río Negro.

Según informó la agencia ADN, la función del Consejo será la de evaluar los estudios de impacto ambiental que la actividad minera pudiera producir en la provincia de Río Negro.

El Consejo evaluador estará integrado por:
a) Un (1) representante de la Autoridad dé Aplicación.
b) Un (1) representante de la Dirección de Minería de la Provincia.
c) Tres (3) legisladores en representación de la Legislatura Provincial, dos (2) por la mayoría y uno (1) por la minoría.
d) Un (1) representante del Municipio en el que se desarrolle, la actividad que deba someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
e) Un (1) representante de la Universidad de Río Negro perteneciente la carrera en Ciencias del Ambiente.
f) Un (1) representante de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) ambientalistas con personería jurídica.
g) Un (1) representante del INVAP S.E.

En el proyecto se explica que "todos los inforrnes de impacto ambiental que hubieren sido presentados en la Dirección Provincial de Minería antes de la publicación de la Ley Q N°3.981, deberán contar con la aprobación del Consejo estando facultada la autoridad de aplicación a dictar las respectivas resoluciones de Impacto Ambiental que prescribe el artículo 252 del Código de Minería.

"Las empresas y/o personas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley posean la titularidad o derechos de concesiones de yacimientos minerales de primera categoría, como asimismo aquellas que beneficien dichos minerales, con los alcances del citado Código y hubieren obtenido la declaración de impacto ambiental que incorpora la presente Ley, podrán reanudar sus respectivas labores", finaliza el proyecto.

Con otra iniciativa, el Ejecutivo propone adherir en todos sus términos a la ley nacional que establece presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial.

Explica que tiene el objeto de "preservar recursos hídricos estratégicos, para el consumo humano, la agricultura, para la protección de la biodiversidad, como atractivo turístico, como fuente de información y como punto de partida de provisión de agua para las recargas de las cuencas hidrográficas".

Manifiesta que "uno de los grandes problemas que ya está afectando a la población humana, en particular a determinadas regiones áridas, es la escasez y las limitaciones al acceso al agua limpia" problemática que se acentuará -afirma- en las próximas décadas. Deja aclarado que esta cuestión está enteramente prevista en la Ley Nacional 26.639 a la que promueve que adhiera Río Negro.
Educación

Una modificación a la Ley de Educación que establece que ésta es un derecho social esencial, que se constituye en una política de Estado y que establece su obligatoriedad entre los 4 años y hasta la finalización de la escuela secundaria. Asimismo fija la obligatoriedad del cumplimiento de 190 días hábiles de clases.

Por otra parte, declara la necesidad de la revisión integral de la denominada Ley Orgánica de Educación con el fin de "posibilitar el logro de una Educación de calidad, democrática, integral y permanente 'Para Todos"' los rionegrinos.

Disgesto

Por otra iniciativa del Ejecutivo, la Legislatura incorporará a su estructura las funciones que venía desempeñando la Comisión Interpoderes del Digesto Jurídico.
Los argumentos indican que en la etapa en que se encuentra esta tarea "quien debe asumir el rol es la Legislatura de la Provincia" porque es el Poder "que tendrá que sancionar la consolidación normativa" que garantice "la permanente actualización de la obra".

Fiscalía del Estado
En otro proyecto de ley, se redefinen aspectos vinculados con la Fiscalía y el Fiscal de Estado. La reforma "se inscribe en un proceso de fortalecimiento institucional de los mecanismos de control del sector público que procura recuperar para Río Negro los desdibujados contornos del Estado de Derecho", expresa el gobernador Carlos Soria en la nota de elevación al Presidente de la Legislatura.
Indica que, de esta manera se avanza en la necesidad de "plantear límites y controles" a la autoridad gubernamental.