Señor Presidente de la Cámara de Senadores
Legislatura Provincial Mendoza

Ref. Expte.53517 - Potasio Río Colorado

Nos dirigimos a usted a fin de informarle que el día 26 de junio, las organizaciones miembros del Consejo Provincial del Ambiente: Foro Participación Ciudadana, Fundación Cullunche, Oikos Red Ambiental y Asamblea Popular por el Agua, solicitamos al señor gobernador de la provincia, una audiencia a fin de informarle sobre anomalías detectadas en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto Potasio Río Colorado y la necesidad de que este proyecto continúe su evaluación con la ratificación por parte de la legislatura de la Declaración de Impacto Ambiental, previo a cualquier otro tratamiento legislativo relacionado con el proyecto, incluyendo la ratificación del Acta Acuerdo decreto 2115/09. -

Decimos esto pues el Código de Minería, en su artículo 3º inc. a, clasifica al Potasio como sustancia metalífera. Esto es así cualquiera sea la forma (sal, óxido, etc.) en que se presente el elemento fundamental que se pretende explotar, que es el potasio. Asimismo, no cabría encuadrar al potasio entre los minerales clasificados como de segunda categoría (art. 4º del Código de Minería) o tercera categoria (art. 5º).-

E interpretando el término de minería metalífera como aquel tipo de minería que se dedica a la extracción y procesamiento de sustancias metalíferas, la ley 7722, art. 3º, prevé que, para tales tipos de proyectos cualquiera sea su método extractivo, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) debe ser ratificada por ley. Además, dicho art. 3 estipula que se debe incluir y evaluar una Manifestación Específica de Impacto Ambiental sobre el recurso hídrico (MEIA), y que para dejar de lado las opiniones vertidas en los dictámenes sectoriales debería fundarse expresamente las motivaciones que lo justifiquen. El proyecto Potasio Río Colorado no cuenta con dicha MEIA sobre el agua, y la negativa expresada en el dictamen sectorial del Consejo Provincial del Ambiente fue descartada sin fundamentación en el expediente.-

En cuanto a la ley 8051, sancionada y promulgada antes de la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental emitida por el Ejecutivo, establece en su art. 41 la constitución de la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial, que es el órgano de gobierno encargado de vigilar el cumplimiento de esta ley, y que aún no ha sido constituido. Por ello consideramos que la Legislatura provincial también debe actuar como órgano de control sometiendo el proyecto a su aprobación, debido a la envergadura y altos consumos energéticos del mismo, que entendemos ponen en riesgo grave la matriz productiva de la provincia y es condicionante para el desarrollo socioeconómico y ambiental del territorio.-

Nos despedimos de Usted atentamente.