Fuente: Ipodagua
08/11/2009. El Código Civil establece que desde los terrenos linderos, se debe dejar una calle o camino público de 35 metros hasta la orilla, en el cual está prohibido por ley realizar construcciones. Ese espacio es el que no respetan las industrias que están en la ribera del Riachuelo. Sumado a las viviendas precarias que se amontonan en sus orillas. La importancia de que se respete ese espacio es clave para su correcto saneamiento, porque permitirá un mejor control de descargas de efluentes químicos o basura clandestina. Y que se dispondrá además de un plan social para que las personas que habitan en los asentamientos accedan a una vivienda digna.

En julio de 2008 el Juez Federal de la provincia de Buenos Aires, Luis Armella, puso plazos para el comienzo de las obras de saneamiento de la cuenca Riachuelo- Matanza, intimando así a la Secretaría Ambiental y a los municipios del conurbano bonaerense. El lunes pasado vencieron dichos plazos, y como las obras para limpiar las márgenes del Riachuelo y despejar el espacio de 35 metros que la ley exige, no se cumplieron, el secretario de Ambiente de la Nación, y titular de la Autoridad de Cuenca (ACUMAR) Homero Bibiloni, deberá pagar una multa de 5.000 pesos diarios. En su fallo de julio de 2008, el tribunal dispuso la realización de la limpieza de las márgenes de la cuenca y su transformación en área parquizada. Armella declaró a medios nacionales, ""quiero hechos, no palabras. No me interesa recaudar multas, sino que empiecen a limpiar el Riachuelo".

¿Ineficacia o impunidad de Bibiloni?

Este funcionario ha demostrado su desinterés por el medio ambiente y los Recursos naturales. No solo le preocupa poco la contaminación que producen las empresas mineras, sino que las avala. Está denunciado de defender a una empresa por contaminar. Garantiza el veto a la ley de protección de los glaciares, y el uso desmedido de los agroquímicos. Nada hace por detener los desmontes, como así tampoco trabaja por crear una conciencia ambiental entre los ciudadanos. Esta multa del Juez, sea quizás una "invitación" para la culminación de una gestión que ya demostró aplicar políticas paupérrimas, garantizando el funcionamiento de industrias contaminantes, y sin aplicar políticas idóneas para defender el cuidado de nuestro ambiente.