27/07/2007 09:26 AM
El Código de Minas colombiano: una adecuación de la legislación a los intereses de multinacionales
Bogotá, Colombia - 24/07/07. Por la defensa del territorio y los recursos naturales del país, aproximadamente 200 personas pertenecientes a las poblaciones mineras del Sur de Bolívar y Nariño, los indígenas y afrodescendientes del Norte del Cauca y Chocó junto a indígenas de Risaralda, se darán cita este 23 y 24 de julio, en la ciudad de Bogotá, en el Primer Encuentro Nacional Agrominero Interétnico. La reforma al actual código minero va en detrimento de la pequeña minería y a favor de multinacionales como la Gold Ashanti, ya que otorga mayores garantías para su presencia y participación en el proceso de explotación, desconociendo los derechos de los pobladores dedicados a esta actividad. Una constante en los países del hemisferio sur.
Fuente: Ecoportal
Con el fin de evaluar la legislación vigente y la propuesta gubernamental de reforma al actual código de minas de 2001, y con el objetivo de buscar soluciones al conflicto generado entre las comunidades mineras y la multinacional Anglo Gold Ashanti y su filial en Colombia Kedahda S.A, por la defensa del territorio y los recursos naturales del país, aproximadamente 200 personas pertenecientes a las poblaciones mineras del Sur de Bolívar y Nariño, los indígenas y afrodescendientes del Norte del Cauca y Chocó junto a indígenas de Risaralda, se darán cita este 23 y 24 de julio, en la ciudad de Bogotá, en el Primer Encuentro Nacional Agrominero Interétnico.
Y es que para nadie es ajeno que la reforma al actual código minero va en detrimento de la pequeña minería y a favor de multinacionales como la Gold Ashanti, en la medida que otorga mayores garantías para su presencia y participación en el proceso de explotación, desconociendo los derechos de los pobladores dedicados a esta actividad.
En efecto, un ejemplo de esto lo constituye el que, a pesar que a quienes venían desarrollando la minería de hecho, les fue otorgado un plazo hasta el 31 de diciembre de 2004 a fin de iniciar los procesos de legalización minera, a raíz de uno de los principios del código de minas según el cual quien sea primero en el tiempo en la formulación de solicitudes de contratos de concesión, es el primero en el derecho, numerosos residentes y habitantes que desarrollaban explotaciones en zonas mineras, dada la ausencia o insuficiente información suministrada por parte de las autoridades, no pudieron acceder a los procesos de legalización, lo que fue aprovechado por multinacionales que como la Anglo Gold Ashanti, presentaron numerosas solicitudes sobre extensas áreas de territorio en las cuales se venía adelantando labores de minería de hecho
Al respecto es bueno conocer que en la actualidad según Ingeominas, la Anglo Gold Ashanti, ha presentado un total de 2114 solicitudes de contratos de concesión en 21 departamentos del país, entre los que se destacan Bolívar, Cauca, Nariño, Choco y Huila. Estas solicitudes en tan solo los departamentos de Antioquia y Bolívar, superan los 2.300.00 hectáreas, cifra que en el país puede superar los 4 millones de ha, si se tiene en cuenta que estos dos departamentos representan solo el 32% de las solicitudes existentes.
No obstante, representantes de la multinacional, en un encuentro realizado en el mes de julio de 2006, presentado en la ciudad de Cartagena, señaló que su interés era en solo 7 departamentos del país, en contradicción a lo informado tanto por Ingeominas, como por las Secretarías de Minas de las gobernaciones de Bolívar y Antioquia.
A estos claros favorecimientos a Multinacionales otorgados con la promulgación del código de minas, por parte del gobierno, se le unió la crítica situación paralela de desplazamiento forzado de comunidades de regiones básicamente mineras, que comenzó a evidenciarse a partir del año 2001, con la intensificación del accionar de grupos paramilitares y la entrada de la multinacional Kedahda que aprovechando la difícil situación económica de dichos municipios, realizaron promesas de mejoramiento de vivienda y programas de seguridad alimentaria, nunca cumplidos.
Frente a este punto es bueno conocer que según estudios realizados, el 70% de los municipios en que esta multinacional pretende desarrollar labores de exploración y explotación coinciden, plenamente con lugares en los cuales ha existido un posicionamiento del paramilitarismo, que ha dejado como resultado que 5.438 personas fueran víctimas de crímenes de lesa humanidad durante el período 1988 a 2006, según cifras del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política.
Y es precisamente el Sur de Bolívar, uno de los territorios donde la Anglo Gold pretende iniciar labores, los más afectados en materia de violaciones a los derechos humanos. Las cifras hablan por sí solas: durante el período comprendido entre 1988 y 2006, 330 personas fueron objeto de ejecución extrajudicial, mientras que 88 más han sido objeto de torturas y 80 han sido detenidas desaparecidas.
De tal manera, han sido reiterados los casos de atentados contra la vida e integridad personal, de líderes campesinos y mineros de la región, entre ellos varios integrantes de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar – Fedeagromisbol, quienes han desarrollado permanentes procesos de lucha en contra del ingreso de las multinacionales.
Estos y otros aspectos que tienen que ver con los derechos de los pueblos al uso exclusivo sobre sus riquezas y sus recursos naturales, serán estudiados por las comunidades mineras asistentes al encuentro, quienes se resisten a ver sus derechos vulnerados por grandes multinacionales que de una u otra manera intentan apoderarse del país. www.ecoportal.net
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