La reconocida campesian Máxima Acuña desde 2011 se resiste a ser desalojada del terreno donde tiene su casa para que exploten la mina de oro de Conga, donde hoy pidió a la Corte Suprema de Justicia de Perú anular la sentencia que le impide poseer el predio de la Minera Yanacocha. El juez supremo Josué Pariona, en sustición del magistrado Javier Villa Stein, anunió que el 12 de abril emitirá el fallo sbore el recurso de casación presentado por Yanacocha, propriedad de un estadounidense Newmont y la peruana Minas Buenaventura.

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Fuente: Impacto Latino

Acuña busca que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declare nulo un fallo dictado en segunda instacia que declaraba inocente a Acuña y su familia por el presento delito de usurpación del terreno, de marena que prevalezca la sentencia en primera instancia, donde fueron declaradas culpables.

El abogado, Eduardo Alcocer, un abogado de Yanacocha, sostuvo que Acuña y su familia ingresaron al terreno, denominado de Tragadero Grande, de manera violenta y con golpes a policías y vigilantes privados para asentarse en el lugar.

Como supuesta prueba una foto de satélite que presuntamente demonstraría el terreno en litigio que pertenecía a Yanacocha antes de que llegara Acuña y su familia. Esto fué rechazado por el defensor, el abogado Walter Gutiérrez.

El defensor indicó que la fotografía carece de “fuerza probatoria” porque no fue incluida al inicio del proceso.

También agrego que la minera presentó solo formalidades y sostuvo que la familia de su patrocinadora no incurrió en usurpación proque no existió violencia.

El juez supremo Josué Pariona, en sustición del magistrado Javier Villa Stein, anunió que el 12 de abril emitirá el fallo sbore el recurso de casación presentado por Yanacocha, propriedad de un estadounidense Newmont y la peruana Minas Buenaventura.

Amnistía Internacional (AI) sostuvo que al minera hizo un “uso indebido” del sistema judicial peruana para continuar desde 2011 un “infundado proceso penal” sin poder comprobarlo, con intención de hostigar y dearticular el ejercicio del derecho a promover y defeder los derechos humanos.

La propiedad en disputa, el Tragadero Grande, tiene 25 hectáreas y se encuentra en la orilla de una laguna de la región Cajamarca, en el norte andina peruana.

Una inversión prevista de 4.800 millones de dólares por Conga, quien contempla el drenaje de cuatro lagunas que se encuentran en cabeceras de cuenca, dos para extraer oro y las otras dos para vacias los residuos tóxcicos.

El proyecto sigue paralizado desde 2012, cuando las protestas contra la mina se sotuvieron, culpando a la minera por la muerte de cinco personas en Cajamarca.