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Miércoles, 27 Abril 2016 00:04

Ciudadanía en Colón exige cancelar concesión minera

La ciudadanía del sector San Pedro en Tocoa departamento de Colón, a través de la comisión sectorial en defensa de los bienes naturales, exige a las autoridades municipales la realización de un cabildo abierto con el objetivo de suspender la explotación minera en la zona, y declarar al municipio libre de la explotación minera.


Fuente: Radio Progreso
Las comunidades se ha movilizado para denunciar públicamente a Héctor Hernández, ex alcalde de Tocoa y al actual edil, Adán Fúnez, por suponerlos responsables de validar los permisos de operación a la empresa minera, y de socializar el proyecto en otras comunidades que no pertenecen al sector San Pedro.

Emco Mining Company, propiedad del empresario Lenir Pérez y Ana Facussé, hija del fallecido terrateniente Miguel Facussé, es la empresa que a inicios de abril inició los trabajos de exploración en el sector San Pedro, sin el consentimiento de las comunidades que se oponen a la destrucción de sus bienes naturales.

La empresa Emco, del señor Lenir Pérez, es la misma que ha tratado, vía amenazas y hostigamiento, de instalarse en la comunidad de Nueva Esperanza en Tela, Atlántida, donde la población enérgicamente se ha opuesto. Además el gobierno de Juan Orlando Hernández, otorgó a esta empresa la concesión de la terminal aérea Palmerola por un periodo de 30 años.

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Orvin Hernández, representante de la comisión sectorial en defensa de los bienes naturales, afirma que a pesar de los pocos días que lleva la empresa con trabajos de exploración, los daños provocados a su territorio son graves y es urgente detener la concesión minera.

“Hasta la fecha han sido destruidas 15 manzanas de bosque primario, y aproximadamente 60 manzanas de tierra previa a la exploración. Esto ha provocado deslizamiento y hundimiento en la comunidad, así como la disminución de los afluentes del río San Pedro” agregó Hernández.

Región concesionada

La región del valle del Aguán es una zona geográfica bañada, en gran parte, por el río Aguán, principal arteria acuífera. Esta región está conformada por los municipios de Olanchito en Yoro, Sabá, Sonaguera, Tocoa, Trujillo, Bonito Oriental y Santa Rosa de Aguán en Colón, y se abre paso entre la sierra Nombre de Dios y La Esperanza. Es una zona fértil para diversos cultivos de clima tropical aunque la ganadería y la palma africana abarcan gran cantidad de tierras.

La economía de este departamento está basada en la ganadería y la agricultura, siendo sus principales cultivos la palma africana, banano, maíz, cítricos, caña de azúcar, arroz, yuca y frijoles.

Datos preliminares de la investigación “Impacto socio ambiental de la minería en la región noroccidental de honduras a la luz de tres estudios de casos: montaña de botaderos (Aguán), nueva esperanza (Atlántida) y Locomapa (Yoro)”, realizada por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación Eric junto a la Universidad de San Luís Missouri, reflejan que existen 950 concesiones en vigencia, aprobadas o proceso de aprobación, lo que representa el 35 por ciento del territorio hondureño en manos de empresarios mineros.

Según la investigación, sólo en el municipio de Tocoa, Colón, se concentran 34 concesiones mineras, asentadas en la parte alta de la montaña. El segundo municipio del Valle del Aguán con más concesiones es Olanchito, Yoro con 20.

15 comunidades rurales conforman el sector San Pedro, y ante la amenaza por la concesión minera, han decidido organizarse en una comisión sectorial en defensa de los bienes naturales. Esta comisión es acompañada por la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán Copa, Fundación San Alfonso Rodríguez, Parroquia San Isidro Labrador, el Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán y el Eric de la Compañía de Jesús.

El pasado 20 de abril las comunidades del sector San Pedro realizó un plantón frente a la municipalidad de Tocoa, exigiendo un cabildo abierto para que se derogue la concesión minera. La población solicitó hablar con el alcalde Adán Fúnez, pero el funcionario junto a varios regidores municipales no llegaron a sus oficinas.

El único regidor que llegó atender a los reclamos de las comunidades fue René Turcios, él dijo que la corporación no tiene autonomía para decidir sobre los bienes naturales del municipio, ya que todas las decisiones se toman en el Congreso Nacional. “Aquí llegan los proyectos aprobados y en la municipalidad desconocemos las concesiones mineras”, afirmó el regidor, quien se comprometió a gestionar el cabildo abierto que exige la ciudadanía del sector San Pedro. En Honduras el extractivismo se ha venido profundizando, especialmente cuando se puso en marcha 25 años atrás el modelo Neoliberal, basado en la alianza entre los capitales multinacionales con las élites locales que identificaron en los ríos, los bosques, los minerales, el aire y los territorios una cantera para la producción de capitales.

En los últimos años, particularmente, a partir del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, los actores internacionales y nacionales promotores y ejecutores de este modelo, han logrado que se aprueben paquetes legislativos que legalicen el extractivismo, pasando por encima de la vida de las comunidades que se oponen a la destrucción de sus bienes naturales.

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