Líderes del grupo opositor al proyecto minero Crucitas recomendaron este jueves que Costa Rica no debería asistir al arbitraje internacional al que la empresa canadiense Infinito Gold pretende llevar al país por haber desistido de esta explotación de minería a cielo abierto. La demanda de la minera fue planteada ante el Centro el Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), órgano adscrito al Banco Mundial.
El País y CR Hoy
Así lo expresaron en un conversatorio llevado a cabo en un miniauditorio a reventar de gente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica (UCR), los analistas Nicolás Boeglin y Álvaro Sagot, el primero Profesor de Derechos Internacional Público en la UCR, y el segundo abogado ambientalista.
Además, se hicieron presentes como expositores el diputado del partido Frente Amplio José María Villalta y el diputado electo por esa agrupación, Edgardo Araya, opositores desde el inicio del proyecto minero y colaboradores del “infinito” proceso legal que le siguió después, como lo describió Araya.
“Nuestra posición no es solo defender que Costa Rica no tiene que ir, sino que tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que este gobierno no nos embarque en este arbitraje”, aseguró el diputado Villalta al iniciar su intervención.
Arbitraje privado. Infinito Gold inició sus labores en Costa Rica en 1999 con la convicción de promover una minería a cielo abierto en la localidad de Crucitas, en Cutris de San Carlos y en 2005 salieron a la luz varias irregularidades acontecidas en el proceso de otorgamiento de los permisos que la legislación exige a casos como este.
Entre esas irregularidades se pueden contar, tal como expuso este jueves en la noche el ahora diputado electo Edgardo Araya, como los errores en los estudios que permitieron los permisos de deforestación y en los procedimientos administrativos, como las audiencias y demás, que tendrían que dar lugar a los permisos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA); permisos que vieron la luz de la aprobación a pesar de errores como los anteriormente mencionados que los volvían absolutamente nulos.
José María Villalta señaló que a pesar de la contundente evidencia sobre los vicios procesales “desde el inicio, en tiempos de Abel Pacheco, los dueños de Infinito Gold amenazaron al país y con demandarnos ante órganos externos y es por eso que el gobierno se echaba para atrás con las resoluciones que acababan con el proyecto y seguía con el proceso por más viciado que estuviera”.
Villalta defendió este punto presentando una carta que en su momento hizo pública la empresa canadiense, en la que señalaba “que de por sí el arbitraje le costará mucho dinero a Costa Rica, sin considerar la inminente indemnización que hay que pagar” y que fue precisamente por esto que ningún gobierno echó para atrás el proyecto hasta que la voluntad popular fue ya demasiado fuerte.
Y es ahí, cuando al iniciar el gobierno presente la presidente Laura Chinchilla escucha un clamor popular ahora imposible de ignorar, que el país se echa para atrás en el proyecto minero que provoca que Infinito Gold denuncie a Costa Rica ante el Centro el Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), órgano adscrito al Banco Mundial, que en su calidad de organismo privado convoca al gobierno a un arbitraje internacional luego de que los canadienses concretaran su renuncia el martes anterior.
“El problema con el CIADI es que el que participa es el Estado frente al inversionista extranjero. No hay espacio para la sociedad civil y todos los que trabajamos en el caso Crucitas sabemos que sin la sociedad civil, Crucitas no se hubiera frenado. Es decir, el proceso está viciado porque la sociedad civil no puede participar en él y el Estado costarricense nunca ha demostrado intención de defender el interés público en este caso”, señaló el experto en derecho internacional, Nicolás Boeglin.
Con este punto concordó Edgardo Araya cuando mencionó que “un Estado que trató por todos los medios que la empresa empezara a trabajar aquí pasando por encima del interés público ¿cómo va a ir a defender que el país hizo bien en salir de ahí? A nosotros lo que nos da miedo es quien nos va a ir a defender”.
El representante de Costa Rica ante este órgano en un eventual arbitraje es el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y es precisamente este órgano ministerial el que tiene el poder de escoger a uno de los tres jueces que fiscalizarían el eventual arbitraje. Los otros dos serían nombrados uno por Infinito Gold y otro por la secretaría del CIADI, es decir por la presidencia del Banco Mundial.
“En el CIADI los jueces son privados, uno puede estar hoy defendiendo una empresa que contamine ríos y mañana es juez en el caso Crucitas. En el CIADI no hay posibilidad ni de tener acceso a las audiencias ni de cuestionar a los jueces, que no creen en las posiciones que Costa Rica irá a defender porque ya hemos escuchado sus posturas”, afirmó el diputado Villalta.
Tribunales en tela de juicio. Otro de los principales motores de la posición de no acudir a esta instancia internacional es que el tema ya se juzgó en Costa Rica y ya se agotó la vía administrativa al respecto.
“Lo que están haciendo es impugnar en un juicio privado las más altas disposiciones de los tribunales de Costa Rica y para esto se amparan en que la legislación del CIADI es tan amplia que por ‘requisito’ se puede incluso meter resoluciones de los tribunales de justicia del país, lo cual es una violación clara a las disposiciones del Poder Judicial”, dijo Villalta.
Además, el diputado agregó que “lo que pasaría aquí es que si nos condenan, los tribunales de justicia dejarían de responder como tienen que responder por temor a este tipo de condenas y eso sería una seria trasgresión al derecho costarricense”.
Abstenerse. Así, con este panorama, los analistas repasaron también las posibles consecuencias de una abstención a participar en el proceso por parte de Costa Rica y sobre esto el abogado Álvaro Sagot mencionó que, viéndolo desde el punto de vista legal, Costa Rica cuando firmó el Tratado de Libre Comercio con Canadá aceptó la posibilidad de obligar al país a un arbitraje de un tercero “y podría ser caótico que de pronto digamos no reconocer una norma debidamente acreditada por la Asamblea Legislativa, como lo es este acuerdo bilateral”.
Villalta discrepó con este punto señalando que el ambiente es un tema de interés público y que “hay temas que no pueden ir a arbitrajes internacionales y este que nos quita hasta derechos de participación activa en el proceso es uno de ellos”.
“El TLC con Canadá nos impone un arbitraje internacional, pero la Constitución Política costarricense es clara en señalar que se puede acudir a esta instancia analizando el caso concreto, no es la primera vez que el país se niega a un arbitraje, ya se negó este espacio cuando Abel Pacheco no aprobó participar en uno convocado por una empresa petrolera y es indispensable respetar esa soberanía nacional”.
Aun así, y concordando con lo que otros especialistas de organizaciones como la Asociación Preservacionista de Flora Y Fauna Silvestre (APREFLOFAS) habían señalado en días anteriores, estos analistas concordaron con que Costa Rica tiene todas las de ganar si asiste al arbitraje internacional “porque las inconsistencias fueron bastante grandes y los hubo actos absolutamente nulos en todo esto”, como señaló el abogado Sagot.
Pero la representación gubernamental es el hecho que más preocupa a los grupos que desde el principio estuvieron en contra del proyecto Crucitas y que, como dijo el diputado Villalta, ya preparan mecanismos que frenen el proceso “para ganar tiempo hasta que cambie el gobierno”.
Demanda de Industrias Infinito contra Costa Rica ya está en centro internacional
La demanda de Infinito Gold contra Costa Rica ya está en análisis ante el Ciadi
- Empresa bajó monto de compensación de $1.092 a $94 millones
- Acuerdo entre Costa Rica y Canadá afirma que no se puede acudir a arbitraje, si antes se fue a instancias judiciales locales
Más de 20 días después de que la minera Industrias Infinito hiciera oficial el trámite para llevar a Costa Rica ante instancias internacionales y exactamente cinco meses después de que la empresa anunciara esa amenaza, ya se visualiza de forma oficial el ingreso de la demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Esta instancia del Banco Mundial ya registra en su página web con la lista de casos pendientes el trámite de Infinito Gold, la casa matriz en Canadá, contra nuestro país.
Según el detalle particular del caso el procedimiento de arbitraje ingresó el pasado 4 de marzo. El representante de la minera canadiense es la firma de derecho internacional y de negocios Torys LLP, que tiene oficinas en Toronto, Nueva York, Calgary y Montreal.
Por parte de Costa Rica, aparece el Ministerio de Comercio Exterior como encargado de dar respuesta. Justamente la jerarca de esa cartera Anabel González desconocía que la denuncia ya fuera oficial en el Ciadi, por lo que no se referiría al tema.
En días anteriores, González mencionó que la resolución de esta demanda será una de las tareas del próximo Gobierno. Apenas se está conformando el equipo legal de las distintas instituciones involucradas que empezaría a llevar el caso.
Pero se debe considerar también que la relación entre Costa Rica y Canadá podría detener la demanda de Infinito Gold, de forma temprana.
Industrias Infinito intentó reclamar terrenos que pertenecen al Estado
Industrias Infinito acudió a una instancia internacional, tras perder en los tribunales costarricenses. (Archivo CRH)
El Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá para la promoción y protección de inversiones estipula en su artículo 12 sobre la solución de diferencias entre las partes que “un inversionista podrá someter una diferencia (…) solamente si el inversionista ha renunciado a su derecho de iniciar o continuar cualquier otro proceso relacionado con la medida que se alega contraviene este Acuerdo ante las cortes o tribunales de la Parte Contratante interesada”.
Industrias Infinito había acudido y perdido procesos judiciales en nuestro país, ante el Tribunal Contencioso Administrativo y la Sala Constitucional.
Según los lineamientos del Ciadi, en su artículo 36 sobre la solicitud de arbitraje, esta deberá contener “los datos referentes al asunto objetivo de la diferencia, a la identidad de las partes y al consentimiento de éstas al arbitraje, de conformidad con las reglas de procedimiento”.
Posteriormente el Secretario General del Centro debe registrar la solicitud, a menos que decida si está fuera de la jurisdicción. En la sección de Reglas específicas del arbitraje, después de que el Ciadi notifique a las partes del registro del arbitraje, se procederá a conformar el Tribunal, con los árbitros del caso.
El abogado especialista en derecho internacional Juan José Obando cree que las intenciones de la minera canadiense podrían detenerse antes de llegar incluso a un proceso de arbitraje, por las condiciones de ese acuerdo existente entre Costa Rica y Canadá. Justamente la empresa apela al mismo para llevar su demanda.
Además llama la atención como la compañía bajó sus pretensiones monetarias de compensación de $1.092 millones que anunció en octubre a $94 millones que piden ahora.
