La organización holandesa Pax habla de la presunta cercanía entre el frente paramilitar Juan Andrés Álvarez y las empresas Drummond y Prodeco en el Cesar. El informe que denuncia posible relación entre paramilitares y empresas mineras: nueve testigos han hablado de los pagos que realizaban las empresas a los paramilitares y otros testimonios sostienen que los contratistas de Drummond tenían los teléfonos de los comandantes paramilitares a los que llamaban directamente cuando veían personas sospechosas cerca del ferrocarril, para, como dicen ellos, ‘solucionar el tema'”.
Marianne Moor, coordinadora del Programa para América Latina de Pax.
Fuente: El Espectador y Elsalmonurbano.blogspot.com.ar
‘El lado oscuro del carbón. La violencia paramilitar en la zona minera del Cesar, Colombia’ es el título del estudio realizado por el movimiento de paz holandés Pax, que desde hace 25 años trabaja procesos de paz y convivencia en Colombia. Este informe plasma el impacto de la minería en la seguridad del departamento y la situación de derechos humanos en una zona donde hacen presencia tres compañías dedicadas a esa actividad: Drummond, Prodeco y Colombian National Resources (CNR). Sin embargo, la última no fue tenida en cuenta para el análisis ya que no tiene alta incidencia en la exportación a Europa. (Ver al pie el Resumen Ejecutivo del Informe).
El informe está dirigido a las empresas de energía que compran carbón a las dos compañías mencionadas y que, como dice la presentación del informe, tienen “una obligación de diligencia debida a la cadena de suministro del carbón”.
Pax pretende abrir un debate social sobre las actividades de estas dos compañías y sobre los consumidores europeos que se llevan aproximadamente el 50% de este recurso, para que elijan informadamente dónde obtienen su energía. Objetivo que ya está alcanzando resultados, pues algunos de los beneficiarios en Holanda, Alemania y Reino Unido, los tres países que más consumen el recurso colombiano, han comenzado a escribir cartas a las dos compañías exigiendo la verdad sobre su posible vinculación con grupos armados en la región.
La violencia paramilitar se le atribuye al frente Juan Andrés Álvarez de las Auc, que comenzó a reclutar hombres en 1996 con el propósito de derrotar los grupos guerrilleros de la región. Desde ese año y hasta 2006, este frente paramilitar dejó una preocupante cifra detrás: 2.600 víctimas de asesinatos selectivos, 500 víctimas de masacres, 240 víctimas de desapariciones forzosas y 55.000 víctimas de desplazamiento forzado.
El informe se realizó con la documentación elaborada en los últimos cuatro años por Pax en el Cesar, para la cual se acudió a los testimonios de exparamilitares juzgados por la Ley de Justicia y Paz, a entrevistas realizadas en la zona a exempleados de las compañías, antiguos contratistas de las mineras, abogados, empresas de seguridad, movimientos sindicales y población víctima de la violencia en la región.
Nueve testigos han hablado de los pagos que realizaban las empresas a los paramilitares. “En los primeros años eran en efectivo, luego a través de los contratistas. Por ejemplo, el señor Jaime Blanco Maya durante varios años ha canalizado casi un millón de dólares a través de sus contratos”, afirmó Marianne Moor, coordinadora del Programa para América Latina de Pax.
A eso se suman los testimonios que demostrarían que los contratistas de Drummond tenían los teléfonos de los comandantes paramilitares. “Libardo Duarte, alias Bam Bam, dijo que contratistas de seguridad de Drummond llamaban directamente al paramilitar cuando veían personas sospechosas cerca del ferrocarril, para, como dicen ellos, ‘solucionar el tema'”, agregó.
Prodeco ha dicho que sí tomaban notas diarias de todos los incidentes de seguridad en la zona y que eran conscientes de las violaciones que se cometían, pero que no actuaron porque eso no les correspondía. Y aunque tenían a los militares en las minas, no decían nada.
Según cuenta Moor, cuando Drummond recibió el informe respondió advirtiendo que si se publicaba demandaría, pues, según dice, jamás ha tenido relación alguna con grupos al margen de la ley. Adicionalmente, su casa matriz afirmó que las declaraciones de Pax “podrían ser utilizadas para una buena novela o posiblemente para una buena película de ficción” y exigió que la organización se retracte de lo dicho en el informe ya que es falso, difamador y los perjudica.
En diálogo con El Espectador Marianne Moor habla del trabajo de recoleccción de datos, los testimonios de los entrevistados y las conclusiones que arrojó la investigación adelantada por el programa.
¿Cómo ha sido el trabajo que han realizado con las empresas?
Hemos dialogado con esas empresas durante varios años sobre los derechos humanos y la falta de seguridad en el Cesar, y los impactos negativos de la minería a gran escala.
Las empresas de energía no estaban dispuestas a hacer una auditoría de las empresas mineras en el Cesar. Crearon su propio gremio pero son muy cerrados y no tocan los temas de derechos humanos. Comenzamos la investigación hace tres años, hicimos un inventario de las regulaciones de derechos humanos, encontramos varios testimonios en Justicia y Paz, en el proceso de justicia ordinario colombiano y uno en Alabama, Estados Unidos, de víctimas de Drummond.
Sistematizamos los testimonios de excomandantes paramilitares que operaban en la zona, contratistas de Prodeco y Drummond, exempleados, y hemos realizado varias entrevistas.
¿Cuántos testimonios hay?
En la justicia ordinaria hay 15. Pero con esta publicación han aparecido más personas que quieren contar su historia. Entrevistamos a 10 testigos, que conocen los pagos que se realizaron y la coordinación entre las Auc y las empresas, pero no todos querían ser mencionados en el informe.
¿Quiénes y cómo actuaban en la zona?
El Frente Juan Andrés Álvarez fue creado en diciembre de 1999. Según los testigos ya había un grupo de paramilitares de 100 hombres por solicitud de Drummond y Prodeco en la zona, desde finales 1996. Por solicitud de Drummond tres años después comenzaron a operar en los alrededores de las dos empresas y en el camino del ferrocarril para proteger esas instalaciones.
Comenzaron 40 paramilitares, en 2006 se desmovilizaron 600 hombres. Los excomandantes de este Frente dicen que el crecimiento se debe a los pagos de las empresas mineras en la zona. La gran mayoría de sus ingresos era de las empresas mineras, principalmente Drummond y Prodeco. Ellos han dejado huellas de violencia muy fuerte.
¿Qué testimonios dan las personas?
Se refieren a dos tipos de implicaciones de las empresas. Nueve testigos han hablado de los pagos, en los primeros años eran en efectivo, luego a través de los contratistas. Por ejemplo, el señor Jaime Blanco Maya, que fue condenado por su papel en el asesinato de sindicalistas. Durante varios años ha canalizado casi un millón de dólares a través de sus contratos. Un porcentaje fijo de estos era destinado para los paramilitares, él hizo los pagos directamente.
Hay muchos testimonios de exparamilitares que han entregado cajas llenas de billetes, otros con los contratistas que han trabajado hasta 200 contratos.
Por ahora no hay un panorama completo. Oscar José Ospino Pacheco (alias Tolemaida) y Rodrigo Tovar Pupo (alias Jorge 40) se han negado a hablar del tema. Y ellos sí deben conocer el panorama global. Así que lo que tenemos son muchos testimonios distintos que hablan de esta cadena de pagos.
¿Cuál es el otro tema?
La coordinación entre las empresas y los departamentos de seguridad con las autodefensas, de eso sí hay bastantes testimonios. Los militares y paramilitares estaban infiltrados en las empresas y estas personas estaban recogiendo información sobre sindicalistas activos, los empleados y las comunidades alrededor de la población. Recogieron la información, la enviaron a los militares, luego ellos se la pasaron a los paramilitares.
Hay testimonios que demuestran que los contratistas de Drummond tenían los números de teléfono de los comandantes paramilitares locales. Por ejemplo, el exparamilitar Libardo Duarte (alias Bam Bam) ha dicho que los contratistas de seguridad de Drummond llamaban directamente al paramilitar cuando veían a una persona sospechosa alrededor del ferrocarril para como dicen ellos “solucionar el tema”. Hay coordinación, apoyo mutuo, y muchos testimonios que hablan de los pagos.
Y mientras tanto, ¿qué hacían las empresas?
Crearon su propio departamento de seguridad, elaboraron diariamente su propio reporte y anotaban los incidentes. Ellos estaban muy conscientes de las violaciones de Derechos Humanos que pasaron pero no actuaron para prevenirlo.
¿Y qué dicen las empresas frente a eso?
He entrevistado a los exdirectores del departamento de seguridad de Prodeco y ellos han dicho que sí era cierto que tomaban notas diarias de todos los incidentes de seguridad en la zona y que era consciente de las violaciones que se cometían. Pero que ellos no actuaron porque eso no les correspondía a ellos. Y aunque ellos tenían a los militares en las minas, no decían nada. Les pregunté por qué no hablaron con ellos y nunca me han dado una respuesta.
Hay una diferencia grande en el diálogo entre las dos empresas. Reconozco que Glencore la casa matriz de Prodeco nos ha recibido en Suiza y ellos dicen que nunca han pagado, pero a la vez han dicho que están dispuestos a negociar una reparación. No sé si sea una oferta seria o no, pero hay que esperar.
Si dicen que no tienen participación, entonces, ¿qué repararían? ¿A qué tipo de reparación se refieren?
Lo que entendemos es que la empresa busca en una reparación es reconocer públicamente los hechos y eso les va a traer implicaciones judiciales. Pero no puedo decir más porque eso es un proceso que tiene que adelantarse.
Drummond ¿qué dice?
Con Drummond es otra cosa. Los he llamado, les enviamos el informe y la respuesta fue una carta corta diciendo que si publicamos nos demandan, ellos nos han enviado un monto de papeles de un proceso en Estados Unidos de ellos en contra de un abogado de las víctimas, y eso es un tema que no corresponde a nosotros, son temas aparte.
Nosotros hemos llevado a cabo una investigación para demostrar el supuesto papel de las empresas mineras con la violencia paramilitar. Y entre esos testimonios encontramos el que se adelanta en Alabama, Estados Unidos, y Drummond demandó al abogado que lleva ese caso, pero eso no corresponde a nosotros.
Drummond trata de embarrarnos a nosotros en el proceso judicial que no tiene nada que ver con nosotros, pero lo que nosotros hemos hecho es reunir los testimonios y son coherentes, cuentan más o menos lo mismo, pero no hay discrepancias muy grandes.
Y además quiero hacer énfasis en que los paramilitares no tienen ninguna ventaja al hablar de este tipo de cosas, es más los testigos que están en la cárcel están amenazados, al igual que sus familias. A pesar de ese miedo han decidido hablar. Los excontratistas y exempleados están en la misma situación.
¿Qué le hacían al gremio sindical?
Se puede decir que por la violencia del Frente Juan Andrés Álvarez en la zona el movimiento sindical no ha podido crecer. Hay por lo menos cuatro asesinatos, uno en Prodeco y tres en Drummond, y eso ha generado mucha angustia dentro de los sindicalistas.
La violencia contra ellos sigue. El año pasado le hicieron un atentado a un sindicalista de la Junta Directiva de Sintraminergetico y tuvo que salir del país y tiene asilo político en Europa.
Y entonces si la violencia sigue en la zona, ¿cómo está la población?
La víctimas están dispersas, estamos haciendo un inventario de cómo está su situación legal y es bastante triste. Muchos de ellos ni siquiera tienen un abogado defensor, muchos no ha hecho la denuncia porque siguen con miedo porque los protagonistas de esta historia siguen ahí, el temor reina. Hay otros que sí están en procesos legales y tienen abogados pero no les ha dado resultados concretos. Me da mucha tristeza decirlo, pero en ese sentido la justicia no ha actuado muy bien. Además en la sentencia de Blanco Maya el contratista de Drummond y su empleado Jairo de Jesús Charris Castro los jueces han ordenado a la Fiscalía estudiar el papel de la gerencia de Drummond en la violencia y en el asesinato de sindicalistas, pero la Fiscalía no ha actuado y reina la impunidad.
Hace dos meses salió del país la coordinadora del movimiento víctimas, le toco pedir asilo, porque ya la habían amenazado hace muchos años, pero esta vez las intimidaciones fueron hacia sus hijos. Y eso la hizo decir ya no más.
Y las víctimas, ¿qué han hecho?, ¿se han organizado?
Se han organizado en un movimiento de víctimas como seccional del Cesar, son grupos pequeños que han contratado abogados para sacar adelante su caso. Pero la gran mayoría están solos.
Actualmente, ¿cómo está socialmente la zona?
Hicimos la comparación entre Cesar y otras zonas del país y a pesar de que las autoridades locales del Cesar han recibido dinero de las regalías el desarrollo socioeconómico no ha avanzado.
Y cómo es posible que con todas esas regalías en el departamento no salgan adelante. Es parte de la corrupción, falta de tejido social. La sociedad civil en el Cesar es muy débil, es muy difícil organizar a la gente para que haga trabajos de veeduría para que vean que pasa con sus recursos.
¿Ustedes han sido víctimas de amenazas por hacer este trabajo?
No, personalmente no. Pero sé que los colombianos que viven allá y que trabajan con nosotros pueden tener problemas. Hemos visto que la empresa presiona mucho y utiliza toda la influencia que tiene para disminuir el espacio político que tenemos nosotros para divulgar el informe y sacar la verdad adelante.
Según muchos testimonios, testigos había una implicación de ambas empresas con la violencia paramilitar que ellos deberían asumir su responsabilidad como empresas y deberían entrar en el proceso de diálogo con las víctimas para hacer un proceso de reparación en el que haya justicia, verdad y reparación bien sea colectiva o individual.
Este informe es un estudio sobre la ola de violencia paramilitar que barrió al departamento del Cesar, en el norte de Colombia, entre 1996 y 2006, cuyos efectos resuenan hasta el día de hoy a través de la región. El informe trata el aparente rol en esta violencia de la empresa minera de carbón Drummond Ltd., con sede en Estados Unidos, y, en menor medida, de Prodeco, una empresa subsidiaria de Glencore Plc., con sede en Suiza. Ambas empresas mineras de carbón están vendiendo una gran parte de su producción (aproximadamente el 70% en 2013) a servicios de electricidad europeos, como E.ON, GDF Suez, EDF, Enel, RWE, Iberdrola y Vattenfall.
El estudio fue realizado por solicitud explícita de las víctimas de la violencia y sus familiares; y con el informe esperamos contribuir a sus esfuerzos para descubrir la verdad oculta detrás de la violencia y lograr un remedio efectivo para el daño que han sufrido.
Durante los últimos tres años, PAX ha realizado numerosas entrevistas con las víctimas de las violaciones de derechos humanos, con antiguos comandantes paramilitares de la región, con antiguos empleados de las empresas mineras y sus contratistas, con abogados especializados en derechos humanos y con las autoridades colombianas. Una parte considerable del informe, sin embargo, está construida alrededor de testimonios y declaraciones ante cortes judiciales. Hemos usado los testimonios de siete comandantes ex paramilitares, tres testimonios de antiguos empleados y contratistas de Drummond y un testimonio de un ex empleado de Prodeco. Estas personas rindieron sus declaraciones bajo juramento, dentro del contexto del proceso de Justicia y Paz en Colombia, del sistema de justicia ordinaria colombiano y en el transcurso de un caso reciente ante una corte estadounidense contra la empresa, bajo el Alien Tort Claims Act. Múltiples fuentes alegan que particularmente Drummond, pero también Prodeco, han estado involucradas, de varias maneras, en abusos de los derechos humanos durante este periodo.
Cuando Drummond y Prodeco iniciaron sus actividades mineras de carbón en Colombia, a mediados de los años 90, el Cesar ya era un departamento azotado de conflictos. La presencia de las fuerzas guerrilleras de las FARC y el ELN estaba afectando sus operaciones. En 1996, un primer grupo de combatientes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) llegó a la región. En diciembre de 1999, un nuevo frente de las AUC – el Frente Juan Andrés Álvarez – fue creado específicamente con la intención de operar en la vecindad de las concesiones mineras y a todo lo largo de la vía férrea. En los años siguientes, este frente llegó a tener 600 miembros, quienes sembraron el temor y el terror entre la población local. Con base en las cifras de la policía nacional, hacemos un cálculo conservador de que entre 1996 y 2006 el Frente cometió al menos 2.600 asesinatos selectivos, asesinó a unas 500 personas en masacres e hizo desaparecer a más de 240 personas. Estas cifras también indican que la violencia paramilitar causó más de 55.000 desplazamientos forzados en la zona minera del Cesar.
Durante los años iníciales de sus operaciones, Drummond y Prodeco eran bien conscientes de los brutales métodos usados por las AUC para luchar contra las guerrillas y contra las personas sospechosas de simpatizar con la guerrilla. El gobierno registró las violaciones de los derechos humanos ocurridas en la región y, tal como lo confirmaron los antiguos empleados de seguridad de las empresas mineras, los departamentos de seguridad de estas empresas recolectaron activamente datos sobre los incidentes relativos a la seguridad y a las actividades de los grupos armados ilegales. Además, las unidades del ejército locales intercambiaron información de inteligencia con las empresas de manera permanente. No encontramos ninguna indicación de que las empresas mineras urgieran en esa época al gobierno colombiano para que tomara medidas tendientes a prevenirlas graves violaciones de los derechos humanos en la región.
Por el contrario, según un antiguo empleado de inteligencia militar de Prodeco, los departamentos de seguridad de ambas empresas jugaron un papel crucial en el establecimiento de los primeros contactos entre las fuerzas paramilitares y los ejecutivos de las empresas en 1996. Este contacto supuestamente llevó a la llegada del primer grupo de cien combatientes para operar en la zona minera. Esto fue confirmado por un comandante ex paramilitar en la región, quien ha alegado que el Frente Juan Andrés Álvarez fue creado en 1999 por pedido de Drummond, específicamente para defender las operaciones de la empresa en la mina y la vía férrea.
El informe cita nueve fuentes que alegan que entre 1996 y 2006 Drummond suministró un sustancial apoyo financiero a las AUC, particularmente al Frente Juan Andrés Álvarez. Según sus testimonios, los métodos de pago cambiaron con los años e incluyeron desde pagos directos en efectivo, hechos al comienzo, y la canalización de fondos a través de contratistas, hasta la transferencia de un porcentaje fijo de los ingresos de la empresa en los años posteriores. Un antiguo contratista de alimentación de Drummond ha testimoniado bajo juramento en diferentes procesos ante los tribunales, que él canalizó una suma total de 900.000 dólares para el Frente Juan Andrés Álvarez, en pagos mensuales, como lo solicitó Drummond, durante el periodo desde finales de 1997 a mediados de 2001. Los pagos fueron cubiertos con una anotación en sus facturas a la empresa. Tres ex paramilitares han testimoniado que Prodeco también suministró fondos para las AUC en la región.
De las declaraciones de los antiguos paramilitares también surge una imagen de frecuente colaboración entre las empresas mineras, las AUC y el ejército. Múltiples fuentes han testimoniado que Drummond y Prodeco pasaron datos de inteligencia a las unidades del ejército locales y a las AUC. Según cuatro ex paramilitares, empleados de Drummond discutieron en varias ocasiones la estrategia paramilitar general en la región minera con los comandantes de las AUC, por ejemplo para darle prioridad a operaciones enfocadas en sitios concretos a lo largo de la vía férrea. Tres fuentes han testimoniado que la empresa de seguridad privada usada por Drummond contactaba directamente a las AUC si veía a alguna persona sospechosa y que las AUC organizaron asesinatos con base en este contacto telefónico. Tres antiguos miembros paramilitares y contratistas han declarado que en algunas instancias la empresa dirigió las acciones del Frente Juan Andrés Álvarez. Mencionan el caso del asesinato de tres líderes sindicales de Drummond en 2001, como un resultado claro de esta coordinación.
Varios testimonios, tanto de las víctimas como de los autores, indican que las empresas mineras se han beneficiado de varias maneras de los abusos de los derechos humanos cometidos por las AUC y que lo continúan haciendo hasta el día de hoy. En primer lugar, al menos tres casos de desplazamiento forzado tuvieron lugar en tierras que actualmente están situadas en las concesiones de Drummond y Prodeco o cerca de ellas. En segundo lugar, el asesinato de los líderes sindicales mineros y las continuas amenazas contra las vidas de otros miembros han debilitado los sindicatos en la región y les permiten a las empresas abstenerse de mejorar la seguridad y las condiciones laborales de los empleados de las empresas. Y por último, la violencia ha silenciado las voces críticas de las comunidades locales y de las organizaciones de la sociedad civil en los temas de derechos humanos y los impactos sociales y ambientales de la minería del carbón.
El ciclo de violencia en la región minera del Cesar no ha terminado todavía. Actualmente, el territorio está plagado de bandas criminales compuestas en gran parte por antiguos integrantes de los grupos paramilitares. Aparte de sus actividades criminales, estos grupos armados ilegales intimidan a todos aquellos de la población civil que piden la verdad, la justicia, la reparación y la devolución de tierras para las víctimas de la violencia paramilitar. En algunas de sus amenazas escritas y comunicados públicos, estos grupos han declarado que ellos están actuando como protectores de los intereses de las empresas mineras en el Cesar. Sin embargo, como en el pasado reciente, las empresas guardan silencio acerca de estos inquietantes desarrollos y han fallado a la hora de distanciarse públicamente de las declaraciones ya mencionadas.
PAX avala la creencia del movimiento de las víctimas del Cesar de que la prevención de los futuros abusos de los derechos humanos en la región minera del Cesar solamente puede ser lograda cuando el legado de las injusticias pasadas haya sido resuelto satisfactoriamente. Ya es hora de que Drummond y Prodeco acepten su responsabilidad por los impactos en los derechos humanos de sus operaciones mineras. Esto requiere su compromiso activo con las víctimas de la violencia paramilitar en la región minera, en un esfuerzo por sanar sus cicatrices del pasado. Tal compromiso puede contribuir a hallar la verdad acerca de un episodio importante del conflicto colombiano y podría servir de ejemplo para los proyectos mineros en otras partes del país.
