Asambleas de Vecinos Autoconvocados por el NO A LA MINA
NO A LA MINA - Asambleas de Vecinos Autoconvocados conta la Minería Metalífera en Argentina
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"Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo."
Art. 41 de la Constitución Argentina
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¿Desarrollo Sostenible?

Este es el tipo de "desarrollo" que las mineras quieren para nuestras comunidades...

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Firmá contra la minería química a cielo abierto y la minería nuclear

Participá de la Campaña Nacional por un rotundo NO a la minería química a cielo abierto y la minería nuclear en todas sus modalidades.

La Unión de Asambleas Ciudadana (U.A.C.), donde participan organizaciones sociales de todo el país, lanza esta acción a lo largo y ancho de la Argentina para reflejar el rechazo de la ciudadanía a una actividad severamente cuestionada y destructiva desde el punto de vista social, económico, ambiental y fiscal.

Subí en tu blog o sitio de Intenet el link para firmar el petitorio

Ingresá y firmá

Ver Documento
Descripción :
Texto del documento que la Asamblea Socioambiental del NOA presentó al funcionario del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Aldo Furnari, argumentando por qué el proyecto minero de Agua Rica afectará a la región. Esta presentación se realizó en el marco de la audiencia pública para analizar el otorgamiento o no del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública a la Solicitud de Minera Agua Rica relacionada con equipamientos y obras para el transporte de energía eléctrica para ese proyecto minero a desarrollarse en las provincias de Tucumán y Catamarca. Finalmente la audiencia fue suspendida (ver el artículo
Se postergó la audiencia pública por obras de transporte de energía para proyecto Agua Rica
Resumen de los Archivos :
Tucumán (Audiencia uno) – Ente Nacional de Regulador de Energía



AUDIENCIA PÚBLICA CONVOCADA POR
SECRETARÍA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS DE TUCUMÁN




Resolución ENRE N° 030/2004
Día 18 / 06 / 08

Argumentaciones sobre por qué no otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública a la Solicitud de Minera Agua Rica- responsabilidad de la presentación: Myrian Genisans

Resolución ENRE N° 77/2008 – expediente ENRE 21.987/2006
Objeto de la Audiencia Analizar la solicitud de Acceso y Ampliación a la Capacidad del Sistema de Transporte solicitada por la Empresa Minera Agua Rica LLC (Sucursal Argentina) relacionada con equipamientos que operan y mantienen las empresas TRANSENER S.A. y TRANSNOA S.A. e involucran un conjunto de obras áreas de concesión de las transportistas mencionadas a desarrollarse en las provincias de Tucumán y Catamarca.

Nos encontramos por estos días frente a la irrupción de una audiencia pública convocada de manera ineficiente. Apenas lo mínimo de publicación convenida, sin posibilidad de acceder a consultar la documentación pertinente en tiempo y forma. Con la absoluta certeza de que las poblaciones afectadas directamente y en el corto plazo por las obras de infraestructura que implica la solicitud desconocen. TAL ES EL GRADO DE INDEFENSION QUE ACUSAMOS EN TANTO POBLADORES CIUDADANOS DE ESTA PROVINCIA Y DE LA REGIÓN

Ya, la vocación del Ministerio de Economía de la Provincia (motivo de una audiencia dos) de solicitar una ampliación a la capacidad del sistema de transporte consistente en la construcción de una nueva estación transformadora en Lules preocupa porque no se sabe para qué.

El Estadista Juan Domingo Perón- (Madrid, Mayo de 1972) advierte en su Mensaje Ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo, en una visión integral del problema, qué significa lo natural, lo social, lo productivo, lo cultural. El hablaba de un modelo de desarrollo. Lógicamente hablaba de una justicia social y aunque no lo decía de una justicia ecológica. (Grana R. 2004, ¿Ecodesarrollo Humano o Capitalismo e Imperios?...). Recién en 1994 pudieron sentar las bases para este desarrollo.

En virtud del artículo 41 de la constitución Nacional que dice "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radioactivos

Exijo a los funcionarios del Ente Nacional Regulador de la Energía, desestimar la certificación de necesidad y utilidad pública que conlleva la solicitud de Minera Agua Rica. El derecho a un ambiente sano y la obligación de preservarlo implica y ampara para elevar esta exigencia.

El ejercicio del derecho ambiental lleva a cuestionar el modelo de país agro exportador oportunista (de mercados); a cuestionar radicalmente el viraje hacia un país exportador de minerales; a cuestionar la ilusión de riqueza. A cuestionar el modelo de bienestar que presiona por actividades que, para realizarse y justificarse, generalizan destrucción de los ecosistemas aún existentes, saqueo, agotamiento y contaminación.

Ante la situación de competencia por la energía y por el agua como factores esenciales de producción se entiende que las actividades productivas constituyan una enorme bolsa de posibilidades en la medida en que el sistema asegure equidad y sustentabilidad. El derecho a un ambiente sano es un derecho humano de tercera generación es de incidencia colectiva y requiere de una gran vocación auténticamente política de administrar los bienes comunes para el bien común.

Considero que el proyecto de ampliación a la capacidad del sistema de transporte solicitada por la empresa Minera Agua Rica LLC – sucursal Argentina relacionada con equipamientos que operan y mantienen las empresas TRANSFER S. A. y TRANSNOA S.A. las cuales involucran un conjunto de obras en las correspondientes áreas de concreción de las transportistas a desarrollarse en las provincias de Tucumán y Catamarca NO significa conveniencia ni utilidad pública para las poblaciones de la región:

- porque es provisión de energía a una transnacional minera cuyo proyecto extractivo es de grandes dimensiones. Cuya actividad no se encuentra regulada por una igual legislación ambiental con respecto a las demás actividades productivas. Lo que significa que, ante experimentada eventualidad de carestía energética, se prioriza y asegura el servicio en primer lugar a estas empresas mineras. Por sobre cualquier otra actividad. El ahorro energético nacional no corre para estas empresas.

- porque implica profundizar y generalizar una mega escala en la infraestructura, lo que aumenta el impacto electromagnético en la región. Aumentando las probabilidades de enfermedades, precarizando el ecosistema nativo, poniendo más en riesgo nuestro patrimonio cultural, arqueológico, antropológico. Restando posibilidades a la capacidad productiva en la salvaguarda de la biodiversidad.

- porque, frente a la crisis ecológica mundial generalizada, que es de agotamiento de recursos que generan energía y de contaminación química y física de los entornos y los organismos, los Pueblos debemos afrontar el esfuerzo de minimizar el daño ambiental. Hoy nos encontramos en la encrucijada de tener que remediar el daño ambiental heredado, el que actualmente sigue ocasionándose. Frenar el deterioro ambiental que provocan, de manera diferencial, las actividades productivas, que priorizan beneficios económicos al corto plazo, en el artificio legal y contable que idean y perfeccionan los centros que organizan el juego del mercado internacional y aplican en nuestro territorio, en conveniencia de particulares que apuestan al enriquecimiento privatizando beneficios y socializando perjuicios.

La experiencia del tendido para el transporte de energía a la minera La Alumbrera nos ha venido legando incontables perjuicios, los que aún no han sido totalmente relevados, analizados, por lo tanto remediados. Suponemos que se ha venido haciendo algún tipo de trabajo investigativo desde la hoy Secretaría de Medio Ambiente de la provincia o de la Dirección de Minería y de Recursos Energéticos. Pero no constan.

Desde el trabajo de algunos académicos críticos, posicionados en la parcela disciplinar que les incumbe, accedemos a algún aporte legitimado en congresos científicos nacionales, en los cuales se visualiza la magnitud del daño en las etapas de diseño, realización y mantenimiento del electroducto de Alumbrera. Dicha instalación implicó e implica actividades realizadas para la instalación y mantenimiento tanto en la fundación y la instalación de las torres, la construcción de caminos de acceso, en el espacio bajo cableado intertorres; con una afectación superficial y subsuperficial en el territorio. Estas actividades significaron excavación y/o remoción de suelo mediante medios manuales, mecánicos y/o voladuras. Un trabajo periódico de mantenimiento con maquinaria pesada debido a derrumbes y / o crecida de los ríos. Ocasionando daño a la cobertura vegetal, a la fauna y a las poblaciones actuales, como al patrimonio arqueológico y a algunas actividades productivas ya instaladas en la región.

Una de las premisas ineludibles para la Ciudadanía es afrontar el freno a toda mega obra en el territorio. Y especialmente la que potencia el consumo de recursos naturales no renovables. El cambio climático, con el efecto de suba en el nivel de las aguas va a incidir en éxodos poblacionales hacia tierras altas. Las altas montañas tienen que esperar a estas personas lo más intactas posibles. El viraje de la crisis ecológica global en la manifestación local de nuestra región puede ser en una profundización de la desertificación que se viene instalando, por lo que no debemos avanzar en la utilización de las aguas subterráneas ni contaminando las superficiales puesto que se insumen dañando los acuíferos en su profundidad. Otra dirección de las transformaciones puede ser en la intensificación de las lluvias. Nuestra región acusa una gran fragilidad de suelos. Provocadas precisamente por actividades productivas no racionalizadas. No podemos negar que el resultado de aluviones, crecientes e inundaciones se encuentra directamente relacionado con la irracional extracción de áridos, con los desmontes que superan en extensión y cota de altura permitida, con el avance de los tajos en la montaña para la instalación de explotación minera metalífera. Por ahora, lo que más se espera vaya sucediendo es una fluctuación de estados de sequía y de saturación de humedad. Estos desequilibrios deben predisponernos aún más a interrumpir todo compromiso productivo que no se allane a las reales condiciones de crisis ecológicas mundial y local.

Lo que solicitan las empresas mineras metalíferas y nucleares entre ellas Minera Agua Rica NO significa conveniencia ni utilidad pública para las poblaciones de la región ni para las poblaciones de otras regiones.

Entre las observaciones que sorprende es que Tucumán constituiría corredor de servicio eléctrico entre otros servicios que habría que ceder a minera Agua Rica y otras ya anunciadas. Las poblaciones no han sido debidamente informadas. Si bien el sistema de audiencia pública se ampara en una legislación que invalida a la opinión de vecinos en tanto afectados, por no tener carácter vinculante, aún cuando genere una seudo participación, provoca en los habitantes una situación de indefensión y dependencia con respecto al sistema de servicio eléctrico.

No sorprende que las empresas transportistas, a pesar de realizar objeciones, igual posibiliten a minera Agua Rica. No sorprende porque el proyectos se sitúa en la lógica del negocio, no en la provisión de energía del orden de lo necesario, atendiendo el orden de lo posible, para asegurar un ambiente sano no ya a las futuras generaciones sino incluso a las actuales generaciones que se encuentran radicadas en el área de influencia del corredor eléctrico. En un momento de encrucijada de crisis ecológica mundial que reclama mudar de paradigma de producción de energía. Es urgente reducir el consumo y resolver la generación de energías limpias.

Otro punto central es que es impracticable una efectiva audiencia pública en la que se busque un certificado de conveniencia y utilidad pública para un proyecto enhebrado en centenares de proyectos de explotación minera y nuclear a gran escala localizados todos en lugares de provisión natural de agua. En las cuencas altas de nuestros sistemas montañosos.

Ampliar la capacidad de transporte significa que en otros lugares de nuestro territorio se potenciará la explotación para la generación de energía ya sea el recurso agua, uranio, gas o petróleo. centrales hidroeléctricas – centrales termo eléctricas – centrales núcleo eléctricas ( energía nuclear)- (recordemos los estragos de Yaciretá, Atucha I la amenaza de Atucha 2 entre otros proyectos aberrantes) Explotación con el ya denunciado y resistido daño socio ambiental. No hace gracia que estas empresas se constituyan en las primeras consumidoras de energía cuya producción es tóxica, contaminante y altamente costosa. Pero, reitero: sólo al amparo de la lógica del negocio al corto plazo, el vergonzoso marco legal minero y el decreto de "compre trabajo argentino" es posible pretender un certificado de conveniencia y necesidad pública.

De ¿cuántos trabajos de investigación científica y técnica disponemos ya socializados a las poblaciones, para contrastar con el informe de impacto ambiental que Minera Agua Rica presenta al ENRE?

La Secretaría de Estado que involucra al ENRE no ha cumplimentado debidamente los pasos de información pública, lo que nos pone a los habitantes en otra de tantas situaciones de vulnerabilidad y avasallamiento frente a los plazos legalmente establecidos. Nos resta tiempo para afrontar la información que las autoridades competentes no proveen, nos resta plazos para interponer las acciones administrativas y legales que corresponden al ejercicio del derecho a un ambiente sano y la obligación de preservarlo de actividades que no utilizan racionalmente los recursos naturales, que no detienen el avance destructivo de ambientes y economías, aunque dañen el patrimonio natural y cultural y el de la diversidad biológica de la que dependemos.

Hoy, algunos de la Patria, los demanda.

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