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Las noticias recientes aseveran que 20 mineros artesanales fueron rescatados en Bonanza, Nicaragua, y que la esposa del presidente y alto cargo ejecutivo Rosario Murillo ha dado gracias a dios y a la virgen. Por otra parte, en los últimos años se ha multiplicado la fiebre del oro en Nicaragua, gracias a una nueva legislación impulsada por el gobierno Ortega. La canadiense B2Gold es ahora propietaria de El Limón y también concesionaria de una explotación a tajo abierto en Rancho Grande, en Matagalpa, donde este mes se han producido movilizaciones de los pobladores de rechazo a la mina, y varios pobladores fueron detenidos en Managua, y lo mismo ocurria hace un año en la concesión minera de Santo Domingo en Chontales, con fuerte represión policial. Las británicas Calibre y Cóndor tienen también grandes concesiones.

Sobre el modelo económico basado en la producción de metales y combustible fósil. Esta cobertura especial de Número Zero evidencia que los conflictos socioambientales de la región, a pesar de sus matices locales, mantienen puntos en común cruciales. Un reportaje como pocos que pone en contexto una realidad muchas veces ignorada a pesar de que sucede en países vecinos.

La mina Dia Bras, también conocida como Exmin, ubicada en la comunidad serrana Piedras Verdes, en el municipio de Urique, derramó sulfato de cobre en el río Seco, lo que abarcó una distancia de hasta 20 kilómetros, dieron a conocer los diputados estatales María Ávila Serna, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y Enrique Licón Chávez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La presidenta Michelle Bachelet manifestó la intención de su gobierno de buscar la manera de agilizar las judicializaciones de proyectos mineros entre los que se encuentra el binacional, asegurando que su gobierno revisará en detalle la causa de los retrasos. Entre ellos se encuentra el binacional Pascua Lama compartido con Argentina.

La Secretaria de Salud continuará con el seguimiento a las condiciones de la población para saber si persisten riesgos por el derrame de sulfato de cobre acidulado en ríos del estado de Sonora. Mercedes Juan dijo que los 40 pozos afectados por el derrame de sulfato de cobre siguen clausurados, por los que los 25 mil habitantes de la zona sólo deberán consumir agua embotellada.

Habitantes irritados por la carencia de agua tomaron hoy alcaldías y cerraron caminos rurales en el estado de Sonora como medida de presión al gobierno y la minera culpable del desastre. La empresa Grupo México, responsable del derrame de ácido sulfúrico y metales pesados que contaminó los ríos Bacanuchi y Sonora, por lo que deberá resarcir daños, genera airadas protestas de los pobladores.

El Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS) e integrantes del grupo de resistencia La Puya presentaron un amparo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra Erick Archila, ministro de Energía y Minas, por no realizar una consulta comunitaria y otorgar la licencia de explotación minera al proyecto Progreso VII Derivada, en 2011.

La Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut rechazó el reclamo de Minas Argentinas S.A. (subsidiaria de la multinacional Yamana Gold) contra el Municipio de Esquel por no renovarle la habilitación comercial del domicilio de la calle Libertad 647 donde tiene oficinas. Asimismo se declaró válida la ordenanza que prohíbe otorgar ese permiso para actividades complementarias de otras que se encuentren prohibidas en el municipio. Otro jalón en la lucha popular contra el saqueo y la contaminación.

Veinticuatro horas después de haber remitido a la Legislatura un proyecto vinculado con la actividad minera, y adelantando el próximo envío de un mapa para la zonificación de la actividad, el mismo Ejecutivo lo retiró argumentando que había errores de redacción. Para mayor papelón, y a pesar de lo expresado en el proyecto de ley, tres ministros realizaron una conferencia de prensa para afirmar que el tema minero no está en la agenda del Gobierno. Todo esto -además- mientras la Legislatura tiene en sus manos un proyecto de ley presentado por Iniciativa Popular según la constitución de Chubut y acompañada de más de una decena de miles de firmas, por el cual se prohíbe la minería metalifera y uranífera en todas sus formas y etapas en toda la provincia. La cámara debe tratarlo a más tardar a fines de noviembre próximo.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) dio a conocer que recibió ya información de algunas dependencias para integrarla a la queja que abrió por oficio tras el derrame y a la cual se han integrado la información que aportaron mineros, ejidatarios y habitantes afectados de la zona.

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